El incendio, los mapuches y la obsesión por Vaca Muerta

Un episodio no demasiado grave en sus consecuencias, como fue el incendio en un automóvil cero kilómetro, y la afectación por ese fuego de otro, en el depósito que una concesionaria comparte en Neuquén con una empresa de transportes que trabaja para YPF, bastó para encender todas las alertas (y al mismo tiempo ordenar absoluto silencio político) en el gobierno neuquino, pues ese hecho se relacionó, aunque no está probado esto, con una incursión de la violencia de organizaciones terroristas identificadas con los reclamos mapuches.

A solo 15 metros de los autos incendiados, se encontró un cartón con leyendas alusivas a ese reclamo étnico. Esto lo confirmó el fiscal general de Neuquén, José Gerez, para admitir al mismo tiempo que hay dos hipótesis, y que una es la del atentado, y que ambas están en marcha en la investigación, concentrada en principio en las pericias técnicas. El fiscal comunicó con prudencia, y destacó esta característica como esencial para no hacer de la investigación un circo mediático tal vez innecesario.

Esto no impidió que el propio Gerez manifestara su preocupación. E incluso se permitiera recordar aquellos atentados, cometidos uno en la capital neuquina con solo consecuencias materiales, el otro en Cipolletti, en este caso con una víctima fatal: murió allí el empleado municipal José Maciel. Fue en 2010, hace solo siete años. La bomba casera se había colocado en la puerta de la Escuela de Policía. El caso nunca se esclareció, y siempre se habló de organizaciones terroristas mapuches. Gerez también mencionó el caso de (José) Aigo, el policía neuquino muerto a balazos en 2012 por los ciudadanos chilenos José Salazar Oporto y Alexis Cortez Torres, que después recibieron el apoyo de las organizaciones chilenas Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

En el gobierno neuquino el caso se sigue con mucha atención. Es lógico: la cuestión mapuche tiene dos caras para Neuquén. Una es la de los superficiarios en el área de Vaca Muerta. Allí el tema siempre parece negociable a partir de beneficios económicos, y la violencia no ha pasado de bloqueos en yacimientos, o algún hecho aislado, como el cometido también en 2012 contra la oficial de Justicia Verónica Pelayes, en un área de explotación de hidrocarburos que entonces estaba en manos de la empresa Apache. A Pelayes la golpearon con una piedra en el rostro. Fue la dirigente mapuche Relmu Ñanco, a los fines del DNI, Carol Soae. El yacimiento fue la primera experiencia de gas no convencional, obtenido por fracking. El episodio fue juzgado y Relmu Ñanco absuelta.

Lo ocurrido en la noche del jueves todavía no puede relacionarse –al menos hasta la hora en que se escribió este artículo- con el accionar terrorista del RAM o de alguna otra organización que reivindique la Puelmapu como nación independiente. Por ahora, solo existe ese cartel, que lo puede haber colocado allí el autor o los autores del incendio, tanto para reivindicar el hecho indirectamente, como para incriminar a quienes no fueran culpables y distraer a la Justicia en su investigación. Lo que preocupa a los investigadores y al gobierno neuquino, es que el predio –con escasas medidas de seguridad- es compartido por la concesionaria Kumenia y una empresa de transportes con camiones cisterna para combustibles de la empresa YPF. Que no hayan quemado un camión es, a la vez, una posible prueba de que no hubo atentado, sino otra cosa; tanto como también que lo que se hizo pudo ser una advertencia sobre eventuales daños mayores.

La preocupación mayor es la comunicación terrorista entre la Puelmapu y la Wellmapu. Es decir, entre la tierra disputada por los mapuches en Argentina con las del sur de Chile. En ese país, gobernado por Michelle Bachelet, hubo este año 89 camiones quemados por los guerrilleros mapuches. El tema es duro para Bachellet, quien, a diferencia del argentino Mauricio Macri, tiene una historia de víctima del terrorismo de Estado más que de presunta complicidad con el mismo: su padre fue asesinado por Pinochet, y ella, con su madre, fueron encarceladas y torturadas después del golpe de 1973 contra el presidente Allende.

El caso que relacionó más profundamente esta colaboración entre argentinos y chilenos para alimentar actividades terroristas bajo el paraguas del reclamo étnico, fue el del asesinato de José Aigo. Los asesinos del policía neuquino permanecen prófugos. Los únicos que fueron enjuiciados fueron Juan Marcos Fernández y su pareja Analía Godoy. Primero los encontraron culpables de encubrimiento. Después los absolvieron. Fernández es hijo de quien era el intendente de San Martín de los Andes en el momento que ocurrió el hecho, a pocos kilómetros de esa ciudad lacustre neuquina. Todavía hay quienes presumen que hubo, desde la política, un afán importante para esconder todo lo posible la verdad, y que la investigación no siguiera.

Como sea, la obsesión del gobierno neuquino es que no sigan floreciendo cuestiones violentas que espanten a los inversores en Vaca Muerta. Por eso encendió luces de alarma el fuego en los dos Renault de Kumenia. Por eso el gobierno de Omar Gutiérrez apresurará un acuerdo con Gerardo Martínez para que se llame a elecciones en la UOCRA, y haya con quien acordar una situación controlada más duradera. Al líder nacional de los albañiles lo visitará esta semana el senador y colega sindicalista Guillermo Pereyra, para persuadirlo de que se deje de dar vueltas con el interventor Miller y convoque a los comicios, con el padrón que sea, en beneficio de la Vaca y de los dólares.

Rubén Boggi