DICTABAN CARRERAS SIN HABILITACION

Probation para dueños de instituto de Psicología Social

Tres personas fueron beneficiadas con la probation y deberán resarcir a sus víctimas.
martes, 13 de noviembre de 2018 · 13:08

La Justicia de Neuquén concedió una probation para tres acusados de haber estafado a por lo menos seis personas con el dictado de la carrera de Psicología Social en Centenario, sin haber tenido la habilitación correspondiente.

Hoy se realizó una audiencia de control de acusación -previa a la sustanciación del juicio oral-, en la que la fiscalía de Delitos Económicos, representada por Elisa Carossio, y la defensa de los imputados acordó la suspensión de juicio a prueba por tres años y una reparación económica para las víctimas.

Los imputados -un hombre y dos mujeres- simularon la validez y autenticidad del dictado de la carrera de grado de Psicología Social en el denominado Centro Psicosocial Argentino sabiendo que carecían de la habilitación para su correcto funcionamiento por parte del Consejo Provincial de Educación como así por la Dirección General de Escuelas Privadas de la Provincia del Neuquén y en consecuencia, de la invalidez de los títulos otorgados para el ejercicio de la mentada profesión.

Según la fiscalía, P.A.C era la coordinadora del Centro Psicosocial Argentino; V.V la coordinadora del Área Patagónica y profesora de psicología y J.V director del Centro Psicosocial Argentino. Los tres, ofrecían, publicitaban y generaban los acuerdos con entidades intermedias-  y procedieron a dictar la carrera de Psicología Social con una duración de 3 años y 6 meses, en la Biblioteca Popular Jorge Fonseca de la Ciudad de Centenario.

Las víctimas entre los años 2016 y 2017, convencidas de la autenticidad de la carrera, cumplieron con los requisitos exigidos por el Instituto para su ingreso y abonaron sumas de dinero en concepto de matrícula y cuotas mensuales por un monto cercano a los 33.000 pesos.

El juez a cargo de la audiencia Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de las partes y otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba para los tres imputados por un plazo de tres años. Además estableció el pago de un resarcimiento económico para cada una de las víctimas como fue solicitado por la fiscalía.

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