Ley de Hidrocarburos / Respuesta a Ramon Rioseco
Luis Sapag: " “Rioseco confunde su campaña con los genuinos intereses provinciales”
En su carácter de Presidente de la Comisión de Energía, Hidrocarburos y Comunicaciones de la Legislatura provincial respondió ésta tarde a los dichos del Intendente de Cutral Có, Ramon Rioseco
Neuquén.- El diputado Luis Felipe Sapag, en su carácter de Presidente de la Comisión de Energía, Hidrocarburos y Comunicaciones de la Legislatura provincial respondió ésta tarde a los dichos del Intendente de Cutral Có, Ramon Rioseco sobre el rol de la provincia de Neuquén y su postura ante Nación por la Ley de Hidrocarburos. "Rioseco confunde su campaña con los genuinos intereses provinciales”, dijo Sapag.
"Luego de la intensa pero respetuosa negociación entre las provincias petroleras y el gobierno nacional para acordar una reforma a la Ley de Hidrocarburos, el intendente de Cutral Có la ha criticado duramente, sin fundamentos valederos. Esa actitud, sólo puede entenderse en el marco de su campaña política y lamento que ponga sus ansias electorales por sobre los intereses de la provincia y su población.
El acuerdo arribado, que fue firmado por todas las provincias petroleras, lejos de ser sólo favorable a las empresas operadoras, procura que todas las partes obtengan justos beneficios. Vaca Muerta y Molles, gracias a las nuevas tecnologías, significan una excelente oportunidad para recuperar el autoabastecimiento energético y la actividad económica nacional, así como para generar empleo y mejorar las finanzas provinciales. No hay duda que esto no puede lograrse sin inversión tanto pública como privada.
Veamos:
¿Qué garantiza la ley propuesta?
Nación logra un régimen homogéneo para las condiciones macroeconómicas e impositivas, el pliego base uniforme para las licitaciones y los parámetros mínimos para el cuidado del medio ambiente.
Las empresas logran un régimen de promoción fiscal, arancelario y de precios que las alentará a aumentar las inversiones.
¿Qué lograron las provincias?
1- Las regalías se mantienen en el mismos nivel básico anterior del 12 %, pudiendo elevarse hasta el 18 % si hay prórrogas.
2- Las provincias serán las responsables del dictado de las condiciones particulares de los pliegos de licitación y el control sobre las adjudicaciones. Asimismo, el pliego base debe elaborarse, en el plazo de seis meses, en colaboración entre Nación y las provincias.
3- Asimismo, las prórrogas de los plazos de las concesiones o la caducidad por vencimiento de plazos o por incumplimientos de contratos siguen siendo potestad de las provincias.
4- Las provincias pueden aumentar los parámetros medio ambientales y retienen la autoridad de aplicación de los controles y las sanciones.
5- Los contratos vigentes y las prórrogas de plazos por la ley 2.615 son intangibles.
6 - Se mantienen vigentes todas las formas de captación de renta no vinculadas a la producción, tales como Responsabilidad Social Empresaria, aportes nacionales y empresarios para infraestructuras de servicios, cánones de ingreso a la exploración y de renovación de plazos de concesión, etc.
7- También se mantienen las reservas de áreas a favor de GyP SA que no posean contratos. En este caso lo que se modifica es que los contratos con "acarreo", es decir, en los que la participación provincial es financiada por el concesionario, solo se podrán realizar en las etapas de exploración y de prueba piloto. Es decir, en la tercera etapa, de desarrollo de la producción, la provincia (GyP) deberá solventar con fondos propios las inversiones. No obstante esta restricción, este "carry sui géneris" sigue siendo favorable, dado que Neuquén en ningún caso asumirá el riesgo más grande de todo proyecto petrolero: la exploración. Afortunadamente GyP ya se ha capitalizado suficientemente como para poder afrontar el nuevo modelo. En menos palabras: se mantiene el futuro promisorio para la empresa provincial GyP.
En síntesis, las provincias conservan el control sobre los recursos y ganan mucho, al igual que Nación y las empresas, pues lo que se asegura es el crecimiento de la actividad.
Cualquier porcentaje de cero es cero. La justa participación de la producción en crecimiento es justicia para todos.
Instamos a los candidatos a sopesar sus palabras. En democracia es necesarios entender cuáles son los intereses generales que están por encima de los proyectos individuales.
"Luego de la intensa pero respetuosa negociación entre las provincias petroleras y el gobierno nacional para acordar una reforma a la Ley de Hidrocarburos, el intendente de Cutral Có la ha criticado duramente, sin fundamentos valederos. Esa actitud, sólo puede entenderse en el marco de su campaña política y lamento que ponga sus ansias electorales por sobre los intereses de la provincia y su población.
El acuerdo arribado, que fue firmado por todas las provincias petroleras, lejos de ser sólo favorable a las empresas operadoras, procura que todas las partes obtengan justos beneficios. Vaca Muerta y Molles, gracias a las nuevas tecnologías, significan una excelente oportunidad para recuperar el autoabastecimiento energético y la actividad económica nacional, así como para generar empleo y mejorar las finanzas provinciales. No hay duda que esto no puede lograrse sin inversión tanto pública como privada.
Veamos:
¿Qué garantiza la ley propuesta?
Nación logra un régimen homogéneo para las condiciones macroeconómicas e impositivas, el pliego base uniforme para las licitaciones y los parámetros mínimos para el cuidado del medio ambiente.
Las empresas logran un régimen de promoción fiscal, arancelario y de precios que las alentará a aumentar las inversiones.
¿Qué lograron las provincias?
1- Las regalías se mantienen en el mismos nivel básico anterior del 12 %, pudiendo elevarse hasta el 18 % si hay prórrogas.
2- Las provincias serán las responsables del dictado de las condiciones particulares de los pliegos de licitación y el control sobre las adjudicaciones. Asimismo, el pliego base debe elaborarse, en el plazo de seis meses, en colaboración entre Nación y las provincias.
3- Asimismo, las prórrogas de los plazos de las concesiones o la caducidad por vencimiento de plazos o por incumplimientos de contratos siguen siendo potestad de las provincias.
4- Las provincias pueden aumentar los parámetros medio ambientales y retienen la autoridad de aplicación de los controles y las sanciones.
5- Los contratos vigentes y las prórrogas de plazos por la ley 2.615 son intangibles.
6 - Se mantienen vigentes todas las formas de captación de renta no vinculadas a la producción, tales como Responsabilidad Social Empresaria, aportes nacionales y empresarios para infraestructuras de servicios, cánones de ingreso a la exploración y de renovación de plazos de concesión, etc.
7- También se mantienen las reservas de áreas a favor de GyP SA que no posean contratos. En este caso lo que se modifica es que los contratos con "acarreo", es decir, en los que la participación provincial es financiada por el concesionario, solo se podrán realizar en las etapas de exploración y de prueba piloto. Es decir, en la tercera etapa, de desarrollo de la producción, la provincia (GyP) deberá solventar con fondos propios las inversiones. No obstante esta restricción, este "carry sui géneris" sigue siendo favorable, dado que Neuquén en ningún caso asumirá el riesgo más grande de todo proyecto petrolero: la exploración. Afortunadamente GyP ya se ha capitalizado suficientemente como para poder afrontar el nuevo modelo. En menos palabras: se mantiene el futuro promisorio para la empresa provincial GyP.
En síntesis, las provincias conservan el control sobre los recursos y ganan mucho, al igual que Nación y las empresas, pues lo que se asegura es el crecimiento de la actividad.
Cualquier porcentaje de cero es cero. La justa participación de la producción en crecimiento es justicia para todos.
Instamos a los candidatos a sopesar sus palabras. En democracia es necesarios entender cuáles son los intereses generales que están por encima de los proyectos individuales.
