ATEN a favor de otorgar aportes a algunas escuelas de gestión social

El vocal gremial del Consejo Provincial de Educación, Gustavo Aguirre precisó que muchos de los establecimientos púbicos de gestión privada que funcionan en Neuquén deben dejar de recibir fondos provinciales.

No obstante, diferenció que en algunos casos el mismo se debe mantener por tratarse de escuelas de gestión social y que el aporte es necesario para garantizar su funcionamiento.

Lo dijo hoy por la mañana al explicar ante diputados de la comisión de Educación el posicionamiento que el gremio ATEN tiene respecto de las 4 leyes complementarias que el cuerpo debe comenzar a debatir.

Al hablar, especificó que existen escuelas que cobran cuotas muy elevadas y, aun así, reciben aportes provinciales.

Señaló que la situación genera inequidad al comparar que la inversión prevista anual prevista para un alumno que concurre a una escuela pública es del orden de los 35 mil pesos, contra una inversión de 140 mil pesos en algunos establecimientos privados, si se toma la cuota y el aporte estatal.

Aguirre concurrió a la reunión junto a Marisabel Granda, asesora de la vocalía gremial y Susana de la Riva, secretaria adjunta de ATEN.

En su intervención, Granda se refirió a la falta de bancos, a los retrasos en materia de infraestructura escolar y a la necesidad de reforzar las partidas de alimentos para las escuelas.

En ese sentido, consideró innecesaria la sanción de una ley específica para el financiamiento educativo y pidió declarar la emergencia edilicia para el sector para agilizar las refacciones y la construcción de edificio que demanda el sistema.Sobre este punto, Aguirre fue un paso más allá y se pronunció a favor de declarar –a través de la Legislatura- como bien de uso público predios sin utilizar por el sector privado. Aseguró que de esta manera se garantiza que exista el espacio necesario para la educación de los alumnos.

A su turno, Riva hizo referencia a la norma complementaria que se debe expedir sobre la creación del Observatorio Educativo.

Al respecto, advirtió que el mismo debe funcionar dentro de la estructura del Consejo Provincial de Educación. En ese sentido, recordó que el CPE tiene el personal técnico y las áreas que pueden realizar dicha tarea.

De igual modo, aconsejó que las evaluaciones periódicas que lleve adelante el nuevo organismo no deben utilizarse para "poner bajo sospecha” la tarea de docentes y maestros.

En otro tramo de la reunión, Aguirre solicitó que se respete la autarquía del CPE y lo dispuesto en la ley de presupuesto respecto al nombramiento y cobertura de cargos en Educación.

Dijo que el trámite burocrático para su aprobación depende de una oficina del Ministerio de Hacienda y no del CPE –como debe ser-, y que, en muchos casos, se tarda más de lo previsto en la cobertura de cargos.
Al ser consultado por la Ley de Interculturalidad, mencionó que se trata de un tema complejo, que implica contenidos transversales y que emitirán opinión como gremio cuando se dé a conocer el proyecto.

La presidenta de la comisión, Alma ‘Chani’ Sapag (MPN) adelantó que el mismo está siendo elaborado por las 52 comunidades mapuches, divididas en 5 zonales; y que en septiembre se presentará un documento base para remitirlo a la Legislatura provincial.

Agregó que se utiliza como referencia la iniciativa que en 2015 elevó el diputado Luis Sapag (MPN) sobre la temática.