TIERRAS DE TRATAYEN
Debatieron ante el TSJ legalidad de un allanamiento a comunidad mapuche
La máxima autoridad judicial escuchó los argumentos de fiscalía y defensa, en torno del procedimiento del 19 de setiembre en campos de Tratayen. El TSJ tendrá hasta el 8 de febrero para dar a conocer su veredicto.
Luego de ser impugnado por un tribunal, al considerarse que se trató de una "violación de domicilio”, el allanamiento a una comunidad mapuche en Tratayén –ocurrido el 19 de setiembre pasado- se debatió este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia. La máxima autoridad judicial tendrá tiempo hasta el 8 de febrero para expedirse.
Tanto la fiscalía –ejercida por Pablo Vignaroli- como la defensa de los integrantes de la comunidad Fta Tayen sostuvieron sus argumentos a favor y en contra del allanamiento que terminó con el secuestro de armas, drogas, bombas molotov y bidones con combustible.
En la audiencia de hoy se analizó el pedido de impugnación que presentó el Fiscal General José Gerez a lo resuelto por un Tribunal de Impugnación que anuló el procedimiento policial porque se concretó sin orden de un Juez de Garantías.
La controversia –única- radica en que para la fiscalía el
sitio allanado no puede ser considerado "morada”, ya que consistió en una
precaria construcción de palos y nailon levantada en territorio que no le es
propio, y por lo tanto ilegal. Lo contrario argumenta la defensa de los mapuches.
Mariano Mansilla, en coactuación con Emmanuel Guagliardo, Julián Vergez y Pedro
Telleriarte, argumentó a favor de la comunidad Fta Tayen. "La Justicia no se
puede dividir; no puede existir una para pobres y otra para ricos, la ley debe
ser justa para todos”, dijo Mansilla, quien agregó que "si no tenían una orden para allanar se actuó en un marco ilegal y
tampoco se podía haber llevado a cabo un desalojo porque existe una ley
nacional que lo impide (26.160). No fueron con una orden porque sabían que
ningún juez se la iba a otorgar”.
Presidieron la audiencia los vocales del TSJ, Oscar Massei y Soledad Gennari, quienes tendrán como plazo límite el 8 de febrero del año próximo para dar a conocer el fallo.
El allanamiento lo realizó personal de la Policía provincial en los campos de Tratayen, en disputa entre la comunidad mapuche y particulares.
