EDITORIAL RIONEGRINA

El gobierno mide fuerzas con UnTER que promete más paros

Weretilneck decidió no convocarlos a la última paritaria y el gremio tiene previsto un Congreso con nuevas medidas para el martes.
sábado, 22 de junio de 2024 · 18:26

La semana política en Río Negro giró en torno a la discusión salarial y un nuevo conflicto abierto con el gremio docente UnTER, que volvió a las medidas de fuerza y como respuesta, el gobernador Alberto Weretilneck los excluyó del llamado a paritaria. Y casi al mismo tiempo se conocieron las denuncias del Ejecutivo contra dos médicos por la firma de certificados truchos para justificar licencias de los agentes del Estado. Sólo las maniobras que analiza la Justicia, le significaron a la provincia una pérdida de 400 millones de pesos en casi 6 meses, que sufre un crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que hay unos 20 profesionales más investigados.

La relación de UnTER con Weretilneck no es buena en esta tercera gestión. Es el gremio más confrontativo. Con escasas medidas le alcanzó para destronar de esa posición a ATE, que mantiene los cuestionamientos, pero ya no va al paro con frecuencia y menos aún genera caos en los puentes carreteros, algo que era cotidiano. Y ni punto de comparación con UPCN

El conflicto que derivó en dos jornadas de paro y que amenaza con nuevas medidas a partir del Congreso de Regina del martes, comenzó con la pobre oferta del gobierno en paritarias. UnTER, desde el año pasado, que definió por voto de las seccionales, no aceptar sumas no remunerativas. A comienzo de año, ante el oscuro panorama planteado por los recortes de Nación, fueron aceptadas a regañadientes, pero con la promesa de incorporar parte al básico. 

En esta semana corta, por los feriados, sólo hubo un día de clases para los 190 mil estudiantes del sistema público provincial. El gobierno cuestionó la medida y como represalia no convocó a UnTER a una nueva paritaria en la que el ofrecimiento volvió a dejar disconformes a los otros empleados públicos y que ATE y UPCN rechazaron. Sin nada para ofertar, otra vez se apeló al ataque al sector docente, cuestionar a los sindicalistas y habilitar una página en la que los propios trabajadores sean los que comuniquen su presencia en las aulas los días de paro.

La gestión Weretilneck, en este aspecto, no se diferencia de su antecesora Arabela Carreras, quien tenía un encono particular con UnTER. La respuesta contiene fórmulas repetidas y de escasa eficiencia. Ya no alcanza con decir a través de los medios amigos que los trabajadores de la Educación de Río Negro son los mejores pagos del país, como tampoco la amenaza de descuentos. En los cinco paros anteriores de 2024, no se aplicaron.

El gobierno se equivoca en su denuncia pública, no es de los maestros la culpa de que 170 mil chicos se quedaran sin comedores. Se les puede recriminar los contenidos perdidos por que la función de los docentes es enseñar en las aulas. La políticas de gobierno son las que deben garantizar que esos chicos y muchas personas más, tengan su alimento diario. Como dato, el Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura aún mantiene cerradas delegaciones por falta de programas para atender las demandas de los más necesitados.

La semana comenzará sin medidas, pero el gobierno no tiene mucho tiempo para elaborar una nueva estrategia. La convocatoria a una nueva mesa de negociación deberá llegar el  lunes, para neutralizar el Congreso ya convocado por UnTER. Sin llamado a paritaria, el resultado será nuevos paros. Seguramente sean de manera progresiva hasta el inicio del receso invernal, hasta la promesa de no comenzar el ciclo lectivo a la vuelta de las vacaciones el 22 de julio.

Es cierto que el "botón delator" que implementó el gobierno no debería incomodar a nadie, pero no hace más que dejar en evidencia la falta de controles por parte del Estado para con sus empleados. Sobre los directivos cae la responsabilidad de informar qué docentes que hacen paro, pero si ellos también hacen medidas, Educación no tiene forma de saber con certeza la adhesión.

Esta falta de controles es una constante y no solo en Educación. El alto porcentaje de ausentismo es un tema complejo al que el Gobierno históricamente no le encontró la vuelta. Amigos del poder que no concurren a sus trabajos y otros que justifican sus ausencias con certificados médicos truchos, que algún profesional aporta a cambio del costo de una atención más el token para cobrarle la consulta a la obra social IPROSS.

Weretilneck se presentó como querellante ante dos maniobras detectadas en el Alto Valle, una pediatra de Roca y un psiquiatra de Regina. La médica firmó entre diciembre y mayo, 330 certificados médicos a empleados públicos de Viedma, Roca, Cipolletti y Los Menucos, a un promedio de 60 por día. El contacto era sólo virtual y hasta había una tabla de precios de acuerdo con los días de licencia solicitados. El costo que esto le ocasionó a las arcas provinciales alcanza a unos 400 millones de pesos por 6.602 días de ausencias justificadas por tratamientos médicos.

El agravante en este caso es que la pediatra formaba parte del staff full-time del hospital de Roca, y pese a estar imposibilitada de atender por fuera del sistema público de Salud, firmaba los certificados como si atendiera a sus pacientes y estos se presentaban en las diferentes áreas del Estado, sin que nadie lo advirtiera.

Aunque el gobierno asegura que las pruebas están en poder del Ministerio Público, serán fundamentales para el avance de la causa las pericias a los dispositivos electrónicos y los celulares de los médicos apuntados. También la existencia o no de las historias clínicas de los pacientes. De todas maneras se desconoce cuál será el final del proceso, sobre todo porque es imposible determinar si hace algunos meses el empleado público tuvo o no un cuadro de gastroenteritis o anginas, para eso deberían funcionar los contralores que verifiquen que efectivamente el empleado cumple con el reposo indicado.

Independientemente de que existan o no condenas, o se podrá sacar la matricula de los médicos implicados, que se haya formalizado una denuncia es un paso muy importante. A corto plazo, seguramente habrá una disminución de las licencias por el miedo lógico que esto genera. Pero el objetivo debe ser a largo plazo, un Estado eficiente con personal capacitado y con controles serios.

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