ESPAÑA

Confirman acusación contra esposa de Pedro Sánchez por “corrupta”

El juez Peinado, que investiga la querella contra Begoña Gómez, denunció visitas “inusuales” y solicitó una copia de su DNI.
viernes, 24 de mayo de 2024 · 17:49

El juez Juan Carlos Peinado, que abrió en abril pasado una investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, confirmó las acusaciones por corrupción.

De esta forma, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección del magistrado Peinado, tramitó dos resoluciones en las que se menciona a Begoña Gómez, como “investigada” por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Además, el magistrado  solicitó un informe sobre las “frecuentes e inusuales” visitas que está realizando a su juzgado el fiscal encargado del caso para tener “conocimiento inmediato” de las resoluciones que dictó o puedan dictarse. También, le pidió a la Policía Nacional que le remita "a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez”

En este marco, Peinado citó a declarar como testigos a Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, y a varios altos cargos del gobierno del PSOE que adjudicaron contratos públicos a la empresa de Barrabés. Estos documentos judiciales, detallan las diligencias previas, los tipos delictivos investigados y la participación de la acusación popular, además de listar a Gómez junto a su abogado, el exministro Antonio Camacho.

Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid precisan que Begoña Gómez no tiene la condición de “investigada”, ni fue llamada a declarar.

El caso, que se instruye en secreto, comenzó con una denuncia de Manos Limpias, que interpuso la querella, Vox y el Movimiento de Regeneración Democrática de España. El juez decidió hacerles llegar el contenido de las declaraciones prestadas por el director de El Confidencial, Ignacio Cardero, y el de Esdiario.com, Francisco Mercado.

Manos Limpias acusa a Begoña Gómez de aprovechar su estatus como esposa del presidente para influir en la adjudicación de contratos públicos. Según el sindicato, la primera dama española habría recomendado o avalado a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas mediante cartas de recomendación. Esta acusación se basa en informes de varios medios de comunicación.

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