Piden elevadas penas para responsables de la estafa al Ipross

Luego de tres días de audiencias, el Ministerio Público Fiscal solicitó en la tarde de este jueves, penas de entre 7 y 11 años y medio de prisión efectiva para las cuatro personas que estafaron a la obra social rionegrina IPROSS que comenzó a ventilarse hace exactamente un año, tuvo más de 100 audiencias y finalmente tendrá sentencia el 4 de julio a las 18.

Los involucrados ya habían sido declarados responsables penales de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública”.

En los alegatos realizados hoy en la ciudad judicial de General Roca, la fiscalía hizo especial referencia al monto del daño causado cuya última actualización asciende a 4.700.000.000 de pesos (casi 5 millones de dólares),  y enfatizó en la cantidad de víctimas, contando a la totalidad de los afiliados de Ipross que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria. 

“Se tratan de más de 574 hechos, cada uno de ellos tuvo una modalidad distinta. Esto era un accionar preparado, tenían estudiado cómo cometer cada maniobra. Tal como se destacó en la sentencia de culpabilidad, se trataba casi de una organización criminal, que había seleccionado determinados medicamentos, de mucho valor, con una cobertura del 100 por ciento por parte de la obra social”, explicó la fiscal jefa, quien agregó que la maniobra terminó porque “se encuentra una caja con recetas en una farmacia, pero no es que decidieron frenar los delitos por su cuenta. No habían decidido culminarla”.

También advirtieron que “no fue una estafa cometida con dinero, sino que se trató de una venta de medicamentos que se tradujo en dinero, aquí vemos la magnitud del daño causado. Tal como declaró el perito contable de la Procuración General la estafa tiene un valor actualizado al 1° de abril de 2024 de más de 4.100.000.000 de pesos”. Al día de hoy, es de 4.700.000.000.

“La víctima directa es el Estado, la obra social, pero también tenemos a las víctimas indirectas, entre ellos a la totalidad de los afiliados de Ipross”, especialmente “aquellos cuyos datos personales fueron utilizados para pergeñar esta maniobra”, al Colegio de Farmaceúticos de Rio Negro y a sus miembros", puntualizó la fiscal.

El Ministerio Público agregó como agravante que “las personas imputadas son todas profesionales, todos con títulos de farmacéuticos, ese título tiene compromisos y responsabilidades, son un eslabón más de todo el sistema de salud y cumplen una función social determinante en la ciudadanía, de servicio. Esto se debe tener en cuenta al momento de mensurar la pena”.

“Todo lo hicieron en procura de un beneficio personal, pudimos acreditar que ninguno tenía la necesidad económica, lo hicieron por avaricia o codicia”, determinó la fiscalía y como atenuantes sólo tuvo presente la falta de antecedentes penales de los cuatro responsables penales.

El Ministerio Público Fiscal solicitó diversas penas según el grado de responsabilidad. Para quien fuera la auditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano, la fiscalía señaló como agravante particular el puesto que ocupaba en el Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro, la envergadura y la relevancia de su trabajo. Además de la cantidad de hechos por la que resultó declarada culpable a título de co-autora en los 574 hechos, y su intervención en todas las modalidades, se solicitó una pena de 11 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación especial como farmaceútica por el plazo de 6 años y una multa de 90 mil pesos. 

Para Fabio Adrián Caffaratti, quien también participó en todas las modalidades delictivas, ocupó altos cargos en la comisión del Colegio y fue declarado culpable por 249 estafas, solicitó 10 años de prisión, También la inhabilitación especial como farmacéutico por el plazo de 6 años y el mismo monto de 90 mil pesos.

Para Rodolfo Eduardo Mastandrea, que también formó parte del Consejo Directivo del Colegio y es culpable de haber perpetrado 122 hechos se solicitó la pena de 8 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial como farmacéutico por el plazo de 6 años, y una multa de 90 mil pesos. Se considera que ocasionó un perjuicio a valores actualizados al 1 de abril, de 968.296.204,84 pesos

Finalmente para Raúl Eduardo Mascaró, que ocupó parte del Consejo directivo del Colegio de Rio Negro como también de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) y fue declarado culpable por 107 estafas. La pena pretendida es de 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial como farmacéutico por el plazo de 6 años y una multa de 90.000 pesos, por un perjuicio de 942.230.562,06 pesos.

El Ministerio Público Fiscal solicitó además que se le restituya a Ipross el dinero embargado de la última partida que la obra social depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa, pero que éstos no alcanzaron a cobrar por el bloqueo que impuso la investigación judicial.

La querella, en nombre del Estado provincial como damnificado, adhirió a los argumentos fiscales y solicitó penas más elevadas.

El defensor particular de Caffaratti solicitó tres años de prisión condicional y la inhabilitación para ejercer como farmacéutico por el plazo de 6 años. Mientras que la defensora de Fasano, Mascaró y Mastandrea pidió que no se dicte sentencia y en caso de que el Tribunal lo haga, sea la pena mínima en suspenso.

Días atrás Mejor Informado señalaba que "entre 2013 y 2019, cada 15 días, Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano, recibían las transferencias sin observaciones o cuestionamientos de nadie, por más que la facturación en medicación carísima contra epilepsia y diabetes, con cobertura del 100%, había crecido exponencialmente. 

Los controles los debía hacer el Colegio y no existía una auditoría eficiente del IPROSS, como ejemplo, en el juicio quedó claro que desde Roca, uno de estos farmacéuticos facturó y cobró por medicación que había comprado un afiliado de Bariloche, con la particularidad de que estaba muerto. Entonces la complicidad del Estado existió. La Justicia no avanzó en esta línea, ni por acción u omisión. Algún funcionario no cumplió con su responsabilidad y aún no se conoció que desde el gobierno se haya apartado a alguien."

Cabe recordar, que por los mismos delitos otras dos personas aceptaron su culpabilidad en el marco de un procedimiento abreviado y se encuentran cumpliendo tres años de prisión condicional.