En contra del aumento tarifario del agua

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri trató de minimizar el impacto que provocó la noticia del aumento en las próximas facturas del agua y descartó la aplicación de una actualización en la tarifa en un solo tramo.

Valeri planteó que "de acuerdo a lo estipulado por la autoridad de aplicación, corresponde una revisión tarifaria del orden del 57%, pero teniendo en cuenta la actual situación socioeconómica, el Gobierno ha decidido que dicha actualización se realizará en forma progresiva con el correr de los meses, de manera tal de evitar un impacto mayor en la economía de los hogares rionegrinos".

Esta mañana se refirió al tema la Defensora del Pueblo Adriana Santagati. Señaló que “el contexto no lo permite. Desde el gobierno nacional se prorrogaron los aumentos entonces creo que no es el momento. Le solicité al titular del Departamento de Aguas, Fernando Curetti que se deje sin efecto el aumento”

Corresponde una revisión tarifaria del 57% pero teniendo en cuenta la actual situación socioeconómica, el gobierno ha decidido que dicha actualización se realizará en forma progresiva con el correr de los meses

 Señaló que “no es compatible con los derechos de los usuarios fijar un aumento sobre un servicio público esencial en un escenario de reducción masiva de ingresos”.

Santagati consideró que el dictado de la Resolución 522/20 del Departamento Provincial de Aguas, no tuvo en cuenta la gravísima situación socio–económica que atraviesa el universo de usuarios como resultado, fundamentalmente, de la pandemia por el Covid- 19. “En este contexto de retracción de la actividad económica, pérdida de fuentes de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas y reducción generalizada del poder adquisitivo de la ciudadanía, la aplicación de un aumento en la tarifa de un servicio público esencial, como es el del agua y saneamiento, no sólo resulta inoportuno, sino directamente violatorio de los principios jurídicos que disciplinan su funcionamiento”, agregó

En este contexto de retracción de la actividad económica, pérdida de fuentes de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas y reducción generalizada del poder adquisitivo de la ciudadanía, la aplicación de un aumento en la tarifa, no solo resulta inoportuno, sino directamente violatorio de los principios jurídicos que disciplinan su funcionamiento

“No se tuvieron en consideración ninguno de los aspectos de la actual coyuntura, procediendo simplemente a la aplicación automática de una redeterminación de costos en el marco de la Ley 5.292 que atiende, principalmente, a los incrementos salariales del personal de los prestadores. El aumento no tuvo en cuenta, adecuadamente, la realidad actual de los usuarios y las exigencias en materia de accesibilidad económica inherente al derecho humano al agua”, explicó Santagati

“Esa accesibilidad demanda que los aumentos sean consistentes con la capacidad de pago de los usuarios del servicio”, destacó Santagati y enfatizó la necesidad que, en lo sucesivo, “decisiones de esta índole sean adoptadas luego de una exhaustiva ponderación del contexto”.