Se le fue la mano y tuvo que pedir licencia en el municipio

La cédula enviada desde el el Juzgado de Paz hizo estallar un escándalo en el municipio de Río Colorado. Es que la misma gestión que hace pocas semanas repudió la decisión judicial de beneficiar con prisión domiciliaria a un abusador, ahora debe reubicar a una empleada que denunció al secretario de Gobierno por violencia de género. El funcionario, Sergio Sainges, solicitó licencia a su cargo.

Aunque aún no se pudo conocer la palabra oficial del intendente Gustavo San Román, la representante legal del municipio, Silvana Casso, confirmó la noticia que generó un revuelo importantísimo en una comunidad dan pequeña como la de Río Colorado. La abogada evitó brindar detalles de la denuncia tampoco referirse a la mujer que realizó la denuncia, simplemente explicó que "una empleada de planta permanente  en la que haciendo la reserva conferida por las leyes de protección de género, solicitó no depender laboralmente del Secretario de Gobierno".

Trascendió que la Jueza de Paz, Daniela Alberdi, le tomó la la denuncia a la empleada, quien hizo referencia a una serie de malos tratos sufridos por parte de Saiges quien es su jefe directo. La funcionaria judicial resolvió en función de la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Al respecto, la abogada municipal informó que “todos los detalles son reservados para las partes" y que a raíz de esta situación "el secretario de Gobierno ha presentado una nota solicitando una licencia”. De todas maneras, el intendente y su gabinete habrían tenido acceso a la denuncia en contra de Sainges de manera anticipada, y antes que estalle el conflicto se acordó una rápida salida y en vez de presentar la renuncia, se apartó con una licencia sin goce de haberes.

"Ahora todo está en manos de la Justicia y la municipalidad no tiene nada que hacer”, confió la representante legal del municipio.

Hace un par de semanas, el intendente San Román, cruzó fuerte a la Justicia por haber beneficiado a un violador que sometió a su hija durante años y que le concedieron prisión domiciliaria a solo un par de casas de donde vive su víctima. Esta reacción tuvo eco también en el Deliberante y el pueblo salió a la calle para que el juez de Ejecución Fernando Romera revierta la medida, lo que hizo unas 48 horas después de la pueblada.