CORRUPCIÓN
Le cobraban al IPROSS por 38 pacientes que no atendían
El psiquiátrico de Roca aprovechó la falta de controles internos para facturarle a la obra social prestaciones que no brindaban.
La estafa es un tipo de delito en el que se puede provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. En este caso, el robo tiene nuevamente como damnificado al IPROSS. Un centro de Salud Mental cobraba por prestaciones de 43 afiliados, pero que en realidad sólo atendían a cinco. Las autoridades de la obra social estatal rionegrina realizaron la denuncia correspondiente y además decidieron romper el vínculo contractual.
Río Negro fue pionera en plantear un nuevo modelo de Salud Mental. En 1991 se sancionó la Ley 2440, que pretendía la desmanicomialización, que no era más que el cierre de los pocos hospitales monovalentes de la provincia. De todas maneras continuaron algunos centros especializados en la atención de pacientes con patologías psiquiátricas. Uno de ellos fue Valle Sereno en Roca, luego convertido en San Cirano al cambiar de razón social por cuestiones impositivas y fue el último en cerrar.
En el último tiempo, luego de la intervención de la Justicia por el estado en el que se encontraban los pacientes, además de los constantes conflictos con el personal, en diciembre del año pasado decidió cerrar sus puertas y externar a los 25 pacientes que se atendían y continuó como hospital de día.
De acuerdo con los datos surgidos de un control interno de IPROSS, se detectó que la firma San Cirano presentaba liquidaciones mensuales por las prestaciones brindadas a 43 afiliados a la obra social. Pero que al agudizar la investigación, se detectó que de esos sólo cinco recibían realmente algún tipo de atención en el instituto de Salud Mental de Roca.
Este grave hecho se suma a la estafa al IPROSS por parte de cuatro farmacéuticos, también de Roca, que cometieron una defraudación que llevada a montos de hoy, alcanza los 3500 millones de pesos. Este hecho no solo agrava la situación del establecimiento, sino que también pone en evidencia una grave falta de control y supervisión por parte de la obra social.
El caso fue confirmado por la presidenta del IPROSS, Marcela Ávila: "Se verificó que la cantidad de afiliados que se encontraban en el establecimiento que funciona como hospital de día era sensiblemente menor a la nómina que se facturaba y que IPROSS pagaba mensualmente".
La denuncia fue tomada en Viedma y el Fiscal General de la provincia, Fabricio Brogna, será el encargado de investigar el caso de corrupción que debe cuantificar el defalcó económico sufrido por la obra social estatal.
