La Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén aprobó, en general y por mayoría, la ley que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para quienes ejercen cargos de alto rango en los tres poderes del Estado provincial. La aprobación se produjo durante la 19° sesión ordinaria del cuerpo.
La ley obtuvo el respaldo de los bloques Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Cumplir, Fuerza Libertaria, Juntos, MPN, UxP, JxC-UCR, Arriba Neuquén y Neuquén Federal. En tanto, los bloques FIT-U y PTS-FIT-U votaron en forma negativa.
El diputado Francisco Lepore (Avanzar), uno de los informantes de la iniciativa, señaló que la finalidad es garantizar ética, idoneidad y transparencia institucional, y prevenir vínculos con el narcotráfico.
El procedimiento prevé un test rápido inicial, con confirmación en laboratorio y posibilidad de contraprueba. Los test serán sorpresivos y financiados por el propio funcionario, y la negativa injustificada será considerada como resultado positivo.
Alcance de la ley
Los controles aplicarán a:
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Titulares de los tres poderes del Estado, ministros, legisladores, magistrados, fiscales y defensores.
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Intendentes, concejales, consejeros de la Magistratura.
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Secretarios, fiscal de Estado, asesor general de Gobierno.
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Directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control.
La ley también fija principios rectores como confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso.
Posturas a favor
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Marcelo Bermúdez (PRO-NCN): subrayó que la norma busca evitar vínculos con narcotraficantes sin invadir la intimidad.
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Darío Peralta (UxP): destacó que la ley muestra compromiso y transparencia hacia la sociedad.
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Claudio Domínguez (MPN): aclaró que la norma no persigue al consumidor, sino que establece criterios para ocupar cargos públicos.
Críticas y posturas en contra
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María Cecilia Papa (Fuerza Libertaria): cuestionó que no se consultó a especialistas en salud mental durante el tratamiento legislativo.
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Andrés Blanco (PTS-FIT-U): calificó la iniciativa como “avanzada autoritaria” que afecta la vida privada y beneficia a laboratorios.
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Julieta Ocampo (FIT-U): criticó la falta de informes técnicos y consideró que se legisló desde la ignorancia, sin abordar consumos problemáticos ni brindar ayuda a los afectados.
