OPINIÓN: Aleardo Laria*

El botín de las acciones de la ANSES

Para el populismo vernaculo el Estado ''recupera" estas acciones cuando las expropia, y las "entrega" cuando simplemente las pone en venta en el mercado.
jueves, 9 de junio de 2016 · 00:09

Para los ultrakirchneristas, las acciones que el Estado tiene en 46 compañías a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES son un preciado "botín” que el Gobierno de Mauricio Macri se apresta a devolver a esas empresas. Según esta opinión, los grupos privados habrían estado presionando para capturar esas acciones desde el mismo momento en que el Estado las "recuperó” de manos de las AFJP. De modo que para el populismo vernáculo, el Estado "recupera” estas acciones cuando las expropia, y las "entrega” cuando simplemente las pone en venta en el mercado.


Debemos partir del hecho incuestionable de que la estatización del sistema privado de jubilaciones supuso un cambio radical en las reglas de juego. Las empresas habían confiado en que sus acciones, en manos de fondos de inversión que se limitaban a ejercer un rol de simple auditoría, no suponían interferencia alguna. Pero esos representantes de las AFJP fueron sustituidos por agresivos funcionarios públicos que pretendían co-administrar las empresas. Parece obvio y evidente que a nadie le resulta grato que un "okupa” hostil se instale en una de las habitaciones de nuestra vivienda.
Según el periodista de Página 12, Alfredo Zaiat, en su etapa de gestión, los directores estatales habrían llevado a cabo una brillante labor: cuestionaron propuestas de honorarios para directores por encima de los aumentos promedio de salarios; rechazaron OPAS que perjudicaban a los accionistas minoritarios; observaron operaciones con sociedades relacionadas alejadas de las condiciones de mercado; y consiguieron que se capitalizaran resultados para aumentar el capital social. El caso de Siderar sería el más emblemático: debido a la insistencia de Axel Kicillof se habría conseguido la instalación de un nuevo horno de colada continua para ampliar la capacidad productiva de la empresa y generar numerosos puestos de trabajo.
Gracias a esa presencia del Estado, los privados, según Página 12, habrían contabilizado "ganancias crecientes, aumentaron inversiones, distribuyeron más dividendos e incrementaron la valorización de mercado de sus empresas”. De modo que "el muy buen resultado económico de esas 46 compañías desde 2012 revela que el Estado no fue un socio que perjudicó el ritmo de negocios de los privados, sino que lo potenció y les permitió ganar mucho dinero”.
En realidad, si abandonamos la retórica, el caso más resonante de intervención se produjo con el Grupo Clarín, donde los representantes del Estado protagonizaron sendos incidentes que han dado lugar a su procesamiento penal. El juez federal Claudio Bonadío ha procesado a Alejandro Vanoli, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores y a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, por haber desplegado "una serie de maniobras tendientes a perjudicar a distintas empresas del Grupo Clarín”.
Desde la perspectiva de la izquierda populista, la "propiedad es un robo”, de modo que les parece natural que los directores estatales "conozcan el movimiento interno de las empresas o que exijan mayor compromiso inversor”. Sin duda, debe ser divertido jugar al capitalismo con los recursos ajenos. Pero si nos situamos en una perspectiva moderna, que pretende dar seguridad jurídica y ofrecer estabilidad de las reglas de juego a los inversores, estas intervenciones insólitas del Estado en las empresas privadas son contraproducentes porque ahuyentan a los inversores.
Por otra parte, para los ultrakirchneristas, el esquema financiero para saldar la deuda con los jubilados por juicios con sentencias, o que iniciaron una causa judicial, sólo cierra con la liquidación de activos del FGS. Por consiguiente estaríamos ante un "fabuloso negocio” por más de 93.000 millones de pesos –monto de la valorización de esos paquetes de acciones- que el Estado se apresta a entregar a los inversores privados. Consideran que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (el stock) no debería utilizarse para pagar deudas más haberes reajustados (el flujo) porque esa caja terminará vacía.
Sin embargo, desde una perspectiva jurídica es difícil aceptar que para conservar el stock se pueda mantener impagada indefinidamente una deuda reconocida en sentencia firme. Al menos, estos defensores tardíos del socialismo, no se le admitirían esta jugada a una empresa privada. De modo que la anécdota demuestra la incoherencia de un razonamiento donde las reglas de juego se acomodan al sesgo ideológico de los contendientes.

Es probable que para cumplir con el objetivo de regularizar l.a situación de los jubilados sea necesario, desde el punto de vista financiero, proceder a la venta de los paquetes de acciones que el FGS tiene como consecuencia de intervenciones políticas en los mercados. Pero también hay que defender la medida como conveniente. Si el objetivo político del gobierno es "normalizar” el país, esto supone terminar con la presencia no deseada del Estado en las compañías privadas. En el marco de un sistema capitalista consolidado, es inconducente jugar al socialismo de Estado.

Aleardo Laría *Publicado en Politeia Blog 


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