Desde el triunfo de Bernardo Arévalo en la elección presidencial de Guatemala, en agosto, la Justicia comenzó a hostigarlo, como así también a su partido, el Movimiento Semilla. En ese marco, Arévalo presentó un amparo con la intención de poner fin a las acciones del Ministerio Público al entender que ponen en riesgo a la democracia y que suponen la orquestación de un golpe de Estado.
La acción, que fue planteada hace aproximadamente dos semanas, iba dirigida contra la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez séptimo penal, Fredy Orellana. Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, presentaron dicho amparo acompañados por decenas de guatemaltecos que se sumaron al llamamiento de las autoridades entrantes para unirse a las acciones en defensa en la democracia.
A fines de agosto, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral declaró la suspensión del Movimiento Semilla, espacio político triunfador en las recientes elecciones presidenciales. Como respuesta, el presidente electo dijo que la medida es «ilegal». Según la visión de analistas políticos y la misma ley guatemalteca, la suspensión «provisional» del Movimiento Semilla podría dar paso a problemas a sus diputados para llegar al Congreso y ya dentro del Parlamento podrían tener inconvenientes para ejercer algunas funciones.
Arévalo afirmó que "las distintas acciones que estamos llevando a cabo están establecidas en la ley y nosotros estamos recurriendo a la ley para defender los derechos que nos asisten a nosotros, pero sobre todo al pueblo de Guatemala".