La agencia anticorrupción de Corea del Sur fracasó en su intento de ejecutar la orden de detención del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones desde el 14 de diciembre tras su breve imposición de la ley marcial en diciembre. Las autoridades de Corea del Sur informaron que la operación para detener al presidentese canceló después de que 30 agentes de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango y 50 policías, se enfrentaran durante unas tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a facilitar el acceso al interior de la vivienda.
"En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno, debido a la obstrucción para ejecutarla", explicó el portavoz en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.
El portavoz explicó que se estudiarán ahora otras medidas y añadió que lamentan "profundamente la actitud del sospechoso, que no acató los procedimientos legales".
Tras superar un primer control militar en el perímetro del recinto, el equipo de agentes del CIO y policía se encaró con el servicio de seguridad presidencial, que se negó a aceptar como válidas las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas, después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Los seguidores del presidente congregados cerca de su residencia, en torno a unos 1.200 según la policía, celebraron la noticia. La Policía desplegó un nutrido contingente que incluye 2.700 agentes sobre el terreno en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam, en Seúl, para evitar altercados.
Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención, argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que es "ilegal".