Un tribunal del departamento boliviano de Tarija declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales tras su inasistencia a la audiencia inaugural del juicio oral en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a una supuesta relación con una adolescente durante su gestión de gobierno. El juez Carlos Oblitas, que preside el Tribunal Primero de Sentencia, dispuso la declaratoria de rebeldía junto con una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales. Ni Morales ni su equipo jurídico se presentaron al tribunal, tal como había anunciado previamente la defensa.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, confirmó que se cumplieron todas las formalidades para la instalación y apertura del proceso. Morales se encuentra actualmente en la región cocalera del Chapare.
El caso tiene como eje la presunta relación del exmandatario con una menor de edad con quien habría tenido una hija, un hecho que Morales no ha negado públicamente pero que sus abogados califican de montaje. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, fue contundente respecto a la solidez de la acusación: "Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada", afirmó. La investigación se inició en 2024 bajo el gobierno de Luis Arce y continúa bajo la administración de Rodrigo Paz, en un contexto de profunda fractura dentro del movimiento político que el propio Morales fundó.
La defensa del exlíder indígena rechazó el proceso de manera frontal. El exprocurador Wilfredo Chávez, que encabeza el equipo jurídico de Morales, justificó la ausencia de su cliente alegando fallas en el procedimiento de notificación y denunció que la causa es una "persecución política" diseñada para desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa Bolivia. En la misma línea, el abogado Nelson Cox sostuvo que el tribunal no respeta los estándares internacionales y que la justicia está siendo instrumentalizada con fines políticos. La orden de captura emitida pone a Morales en una situación judicial sin precedentes para un expresidente boliviano, y añade una nueva capa de turbulencia a un país que ya enfrenta una profunda crisis institucional y económica.
