A TRES AÑOS DE LA DENUNCIA
Procesaron a Aranguren y a Alonso por la causa Shell
Al ex ministro de Energía por negocios incompatibles, y a la titular de la Oficina Anticorrupción por encubrimiento.
El ex secretario de Energía de Nación, Juan José Aranguren y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron procesados este viernes por el juez federal Luis Rodríguez. A Aranguren le imputó negociaciones incompatibles con la función pública, y a Alonso por encubrimiento de ese delito.
Rodríguez inició la investigación en mayo de 2016, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade y Martín Doñate (de Río Negro), al advertir que la empresa Shell, de la que Aranguren había sido directivo y accionista, se habría visto beneficiada por medidas dispuestas desde la cartera de Energía.
En su declaración indagatoria Aranguren negó haber tomado decisiones que pudiesen haber beneficiado a Shell, de la que fue presidente y accionista. Los legisladores lo acusaron de “beneficiarse con los tarifazos en la factura del gas por su doble rol como funcionario público y accionista de Shell”.
También se investiga la compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia, lo que, según la denuncia, puso "en situación de privilegio a la empresa Shell.
Según Aranguren “el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el período imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.
El juez Rodríguez consideró inconsistentes esos argumentos y dictó el procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública en carácter de autor.
Alonso, en tanto, cuando acudió a su primera declaración indagatoria, también había negado los cargos por presunto encubrimiento para favorecer al ex ministro. Y en un escrito que presentó ante el juez Rodríguez, la funcionaria aludió a la “inexistencia de ninguna conducta u omisión que pueda calificarse como delictiva”, al tiempo que había pedido su desvinculación del expediente.
La funcionaria, quien asumió el 10 de diciembre de 2015 en la Oficina Anticorrupción sin tener título de abogada –tal como lo exigía la carta orgánica de ese organismo y que fue modificada para posibilitar su nombramiento-, fue cuestionada por no haber constituido la OA como querellante en ninguna de las causas que involucran a ex funcionarios o al propio presidente Mauricio Macri.
