Como se sabe, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se pronunció en un respaldo pleno al pedido del fiscal general, Mario Alberto Villar, quien solicitó ante Casación elevar penas y revocar absoluciones en la denominada Causa Vialidad. La posición del procurador, lapidaria, la podés leer aquí. El respaldo, que ya está en la Corte Suprema, implica una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, en lugar de los seis que recibió en su condena de primera y segunda instancia.
Será difícil que Cristina Kirchner pueda evitar lo que implica el avance inexorable de las mil y una etapas de un juicio, cuando el proceso tiene como objetivo definir una situación de corrupción que involucra a una figura de primer orden en el escenario nacional. Hay dos razones para presumir que la Justicia actuará sin temor ni dudas: la primera, es que es una causa con un volumen de pruebas impresionante, todas, en mayor o menor medida, comprometedoras para los acusados; la segunda, no menor, es que hay una creciente convicción de que debe espantarse del escenario político la sospecha permanente acerca de la ausencia de probidad de funcionarios públicos.
También hay que tener en cuenta que ningún ser humano, ni el más famoso, ni el más influyente, puede torcer indefinidamente un rumbo que la sociedad decide. Es bastante evidente que la sociedad argentina ha decidido, mayoritariamente, un rumbo de punto final para la impunidad amparada en el poder. Esto es general, no remite necesariamente a tal o cual persona, más allá que el caso de Cristina Kirchner es ejemplar, porque incluso así lo ha decidido su propia línea de defensa, que siempre hizo foco en una presunta persecución política, relativizando el peso de los hechos delictivos cometidos.