La "detención respetuosa" que genera indignación en el Gobierno
Tras la condena de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Casa Rosada, con un tono que roza lo insólito, ha prometido una "detención respetuosa" y, como si fuera poco, anticipan que evitarán "montar un show" del suceso. El mismo gobierno que prometía "mano dura" y "fin de los privilegios" se preocupa por la comodidad de quien ha sido condenada por corrupción.
La fotografía del exvicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama y descalzo, detenido por la Prefectura Naval en su departamento es el fantasma que persigue a la administración libertaria. "La foto humillante no va a estar", aseguró una fuente de Gobierno a la agencia Noticias Argentinas, remarcando que a "eso lo hacía el macrismo". La frase fue recibida, en muchos casos, como una excusa para un posible "trato preferencial".
Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el proceso será "lo más cuidado posible", sorprendiéndose por la "determinación de la dirigente peronista de aplacar las expresiones de protesta".
¿Acaso esperaban un estallido social para justificar un despliegue digno de película? En el Poder Ejecutivo reina un clima de incomodidad en torno a la sentencia que dictó el pasado martes la Corte Suprema, y evitan correrse de las líneas acordadas que se limitan a remarcar que se trata de un proceso judicial y no político. Una postura tibia que poco convence a una sociedad harta de la doble vara.
Si bien el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) a cargo de Jorge Gorini, deberá definir el lugar en el que deberá comparecer la exmandataria, desde el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, aseguraron que también forman parte del debate que por estas horas permanece abierto.
Por el momento, Gorini estableció que la exmandataria tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y en caso de que la justicia no de lugar al pedido de prisión domiciliaria de la defensa, existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales. La expectativa por ver cómo se desarrollará este circo mediático y judicial es alta.
La defensa de Cristina: ¿exigencias de diva o un intento de evitar la cárcel a toda costa?
Durante la mañana de este jueves, los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, en un movimiento que roza el descaro, presentaron una nota ante el Tribunal para que Cristina Kirchner pueda cumplir con los seis años de cárcel en su departamento ubicado en la calle San José al 1111, sin la necesidad de pasar por una alcaldía.
La misma que en su momento desdeñaba el concepto de "prisión VIP" ahora reclama un trato especial. La hipocresía en su máxima expresión. Especificaron además que las condiciones de aislamiento y vigilancia permanente necesarias solo pueden garantizarse en la privacidad de su hogar, y reclamaron que cumpla con el debido proceso sin hacer uso de la tobillera electrónica, exponiendo que "tendrá custodiada las 24 horas".
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Gregorio Dalbón, abogado defensor de la dos veces mandataria, con un tono desafiante, aclaró que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia en la determinación que definirá el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y que deberá pasar por un juez de ejecución.
"El ministerio de Seguridad no tiene injerencia, ellos dicen que sí porque es otra pillada de Bullrich que se está postulando para reemplazar a Milei o a (Rafael) Videla", sentenció Gregorio Dalbón, abogado defensor de la dos veces mandataria
La detención de una expresidenta, que además sufrió un intento de magnicidio, altera cualquier tipo de protocolos, por lo que el letrado considera que la exmandataria debiera realizar el procedimiento correspondiente en su departamento del barrio porteño de Monserrat.
En paralelo, Dalbón se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, y se espera que la próxima semana eleve una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación del inciso f del artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) como última instancia de apelación.
La idea es poder acceder al recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Federal de Casación, que -precisó- es vinculante para los jueces, y de lugar a la recusación de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Parece que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de evitar que Cristina Kirchner pise una cárcel común. ¿Será que la justicia finalmente llegará o los "privilegios K" seguirán vigentes?