La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que la causa iniciada por el expresidente Alberto Fernández contra su expareja, Fabiola Yañez, seguirá tramitándose en el fuero criminal y correccional, es decir, ante la Justicia ordinaria.
Fernández denunció a Yañez por el presunto delito de violación de secreto, tras la divulgación de filmaciones privadas grabadas durante su gestión presidencial. En esas imágenes aparece junto a Tamara Pettinato, en situaciones informales dentro de la residencia presidencial.
Qué dicen las partes: acusaciones cruzadas
La denuncia de Alberto Fernández
En su presentación inicial, radicada en el Juzgado Federal N°9, Fernández sostuvo que Yañez accedió a contenido privado a través de un teléfono celular que él había entregado a su hijo de dos años, Francisco, para que viera videos y escuchara música.
Según Fernández, desde ese dispositivo la ex primera dama obtuvo dos videos que luego habrían sido filtrados a los medios. En las grabaciones, tomadas por el propio exmandatario, se lo ve en actitud distendida con Pettinato, compartiendo cerveza y conversaciones en tono de coqueteo.
La respuesta judicial
La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó un pedido de Fernández para limitar la difusión del material por parte de los medios, al considerar que no correspondía ordenar una medida general de censura. Luego, se declaró incompetente y derivó la causa al fuero ordinario.
El expediente pasó por sorteo al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4, decisión que fue respaldada por la Procuración General y ahora confirmada por la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Contexto: conflicto personal y exposición pública
Las filmaciones fueron difundidas en paralelo a la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez presentó contra Alberto Fernández, también en sede judicial. El caso generó repercusión pública por involucrar aspectos de la vida privada de un expresidente en funciones.
Las imágenes provocaron críticas hacia Fernández por permitir ese tipo de encuentros mientras ejercía el cargo de jefe de Estado, en un entorno privado pero oficial como la residencia de Olivos.