El juicio internacional por la expropiación de YPF sumará esta semana un capítulo clave. La República Argentina tiene plazo hasta el martes 22 de julio para presentar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de frenar la entrega de acciones de la petrolera, ordenada por la jueza Loretta Preska como parte de pago de una sentencia por US$ 16.000 millones.
El equipo legal que representa al país busca que el tribunal mantenga en suspenso la ejecución del fallo, es decir, evite la transferencia de las acciones de YPF mientras se resuelve el recurso presentado para revertir la decisión de primera instancia.
La defensa argentina argumenta que, sin la suspensión, el fallo podría causar daños irreparables antes de que la Corte tenga oportunidad de revisar la apelación en profundidad.
El litigio se originó tras la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control mayoritario de la empresa que entonces estaba en manos de Repsol. El fondo Burford Capital compró los derechos de litigio de dos empresas accionistas —Petersen Energía y Eton Park— y llevó el caso a tribunales estadounidenses, donde en septiembre de 2023 se dictó sentencia en contra de Argentina.
La decisión de la Corte de Apelaciones podría tener implicancias económicas y políticas significativas, tanto por el monto involucrado como por el control accionario de la principal petrolera del país.