La Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en casos de corrupción y lavado de activos, según dispuso el Gobierno nacional. El Ejecutivo argumentó que el esquema actual “superpone la actividad” de la UIF y del Ministerio Público Fiscal, “con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar”.
El Poder Ejecutivo publicó este jueves un decreto en el que modificó las facultades del organismo y, si bien no le prohibió estas actuaciones, el espíritu es que deje de participar como parte actuante.
“La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento. La prescripción de la acción prevista en el artículo 24 bis de la presente ley quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen y por el plazo de cumplimiento fijado. Si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado”, señala la norma.
El decreto también cambia la ley de inteligencia con relación a las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.
Por otro lado, la norma publicada este jueves le otorga a la UIF la facultad de intercambiar información con otros organismos cuando considere “que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La UIF ya contaba con la posibilidad de manejar información, pero ahora también se le agregó la opción de ser utilizada para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.