La Fiscalía Federal de Gerardo Pollicita presentó ante la Justicia un requerimiento de justificación patrimonial contra Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, y le otorgó al exjefe de Gabinete un plazo de 15 días para explicar el origen de distintos fondos y operaciones realizadas durante el período investigado.
El documento, de 207 fojas y dividido en 20 puntos, surge de un análisis de documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información vinculada con viajes, operaciones inmobiliarias y activos virtuales. Uno de los principales datos detectados por la Fiscalía es una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos comprobados y los gastos afrontados por el grupo familiar.
Entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, Adorni percibió 35 haberes derivados de su cargo, mientras que también fueron considerados los ingresos acreditados de Angeletti. En total, los recursos comprobados alcanzaron los $229.752.283,20. Sin embargo, durante ese mismo período, el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20. La Fiscalía incluyó dentro de ese cálculo seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito.
El otro dato central de la intimación está relacionado con los movimientos en dólares. El organismo reconstruyó desembolsos por US$402.578,12 vinculados con la compra y refacción de propiedades, mobiliario, viajes, alquileres y otros gastos.
Uno de los puntos que deberá explicar Adorni es el pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar por la remodelación integral del lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La Fiscalía le reclama que precise el origen de ese dinero y que presente los recibos y la documentación que respalde los pagos. También deberá explicar de dónde provinieron los fondos utilizados para adquirir el lote y pagar la tasa de ingreso al emprendimiento.
Otro de los inmuebles bajo análisis es el departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. Adorni deberá informar de dónde salió el dinero utilizado para adquirirlo y explicar las condiciones de la operación. También tendrá que justificar los fondos destinados a comprar los muebles del departamento, que, según el requerimiento, fueron abonados en dólares y en efectivo.
La Fiscalía puso además bajo análisis los dólares en efectivo declarados por Adorni. En este caso, deberá explicar su origen y aportar información sobre una operación de “venta de activos” mencionada como fuente de esos fondos. Para ello, deberá precisar qué activos fueron vendidos, en qué fechas, a quiénes, por qué montos y cuál fue la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de esas operaciones.
Los préstamos atribuidos a familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo, también forman parte de las dudas planteadas por el fiscal. Adorni deberá acreditar que esas operaciones existieron, cuándo se realizaron, que los fondos fueron efectivamente entregados, para qué fueron utilizados y cómo evolucionaron esas obligaciones. La Fiscalía también pidió explicaciones sobre determinadas deudas declaradas con el Banco Galicia y posteriormente omitidas en declaraciones patrimoniales posteriores.
Otro de los ejes está relacionado con los gastos realizados en efectivo. El requerimiento solicita precisar el origen de los pesos y dólares utilizados para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. También se puso bajo la lupa el uso de terceros para comprar bienes o realizar pagos por cuenta del grupo familiar. La Fiscalía busca determinar de dónde surgieron los fondos utilizados en esas operaciones y cómo fueron posteriormente reintegrados.
Las cuentas bancarias, tarjetas y billeteras virtuales constituyen otro de los puntos observados. Adorni deberá explicar cómo se compatibilizan los movimientos registrados en su cuenta sueldo del Banco Nación, las cuentas de su pareja, las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados durante el período investigado. En ese análisis aparecen además 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas de pago. A esto se suman 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos tampoco coinciden con los importes consignados en los comprobantes. La Fiscalía pidió determinar si esas operaciones se realizaron, cuándo fueron canceladas, mediante qué medio y con qué fondos.
Las criptomonedas constituyen otro capítulo de la intimación. El fiscal solicitó que se detalle la operatoria con criptoactivos y, especialmente, el origen del capital con el que Adorni afirma haber comenzado a operar. Según el requerimiento, en declaraciones patrimoniales rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales. Además, un informe de la SIFRAI vinculó al exfuncionario con otros activos de este tipo.
La Fiscalía también pidió explicaciones sobre la valuación de las mejoras realizadas en el departamento de Miró 550 y en el lote 380 del Country Indio Cuá. Adorni deberá precisar qué desembolsos representaron esas obras, con qué fondos fueron afrontados y qué proporción fue atribuida a cada integrante de la pareja.
En definitiva, el requerimiento busca reconstruir cómo se originaron y cómo se utilizaron los fondos que permitieron afrontar los gastos y operaciones observados. Según la Fiscalía, el análisis conjunto de las declaraciones juradas patrimoniales públicas, reservadas y sus respectivas rectificativas permitió detectar las “inconsistencias” que dieron lugar a la intimación. Ahora, Adorni cuenta con 15 días para responder los 20 puntos planteados por Pollicita y presentar la documentación que permita justificar el origen de los fondos cuestionados.
