El Gobierno analiza excluir a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de Inocencia Fiscal como parte de las negociaciones que mantiene con los bloques aliados para conseguir el dictamen del proyecto en la Cámara de Diputados.
La modificación todavía no está definida, pero comenzó a ser evaluada por el oficialismo ante los reparos planteados por distintos legisladores que acompañan habitualmente las iniciativas de La Libertad Avanza. El principal antecedente que aparece en la discusión es el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti.
Este miércoles, desde las 11, las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de Diputados realizarán un plenario para intentar avanzar con el dictamen. El objetivo del Gobierno es llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de agosto, en una sesión en la que también pretende impulsar la reforma del Banco Central.
La posibilidad de establecer una restricción para funcionarios públicos y personas políticamente expuestas surgió durante el último plenario de comisiones, cuando varios legisladores aliados plantearon la necesidad de evitar que quienes ocupan cargos públicos puedan utilizar los beneficios previstos por el nuevo régimen para formalizar fondos que permanecían fuera del sistema.
La discusión quedó atravesada por el caso Adorni. El exfuncionario y su esposa reconocieron haber tenido miles de dólares no declarados y se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias mientras avanzaba una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ambos sostuvieron que no utilizaron ese mecanismo para blanquear sus ahorros.
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, había anticipado este lunes que el Gobierno analizaba establecer una diferencia entre los funcionarios y el resto de los ciudadanos que ahorraron dólares fuera del sistema formal. “No será el caso de los funcionarios públicos”, sostuvo durante un desayuno con empresarios organizado por la Fundación Mediterránea, aunque aclaró que quienes durante años ahorraron en dólares como mecanismo de resguardo de valor sí podrían acceder al régimen.
Desde el oficialismo en Diputados, sin embargo, remarcaron que la modificación continúa bajo negociación y que cualquier cambio concreto se conocerá en el plenario de comisiones de este miércoles.
El proyecto de Inocencia Fiscal busca ampliar el régimen que fue aprobado a fines del año pasado para incentivar la incorporación al sistema formal de fondos no declarados, conocidos popularmente como los “dólares del colchón”. La iniciativa original tuvo una adhesión menor a la esperada por el Gobierno, por lo que el Ministerio de Economía impulsó una ampliación del esquema y nuevas herramientas para brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan ingresar.
Uno de los principales cambios propuestos es la eliminación de los límites que actualmente existen para acceder al régimen. Hasta ahora podían incorporarse personas con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio que no superara los $10.000 millones, además de otras condiciones establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Con la reforma, esas restricciones desaparecerían y el régimen pasaría a estar disponible para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, independientemente de sus ingresos o patrimonio.
Los Grandes Contribuyentes también podrían incorporarse a la denominada modalidad simplificada, mediante la cual el organismo recaudador preliquida el impuesto para facilitar el cumplimiento. Sin embargo, quedarían excluidos de las presunciones y de otros beneficios previstos por la nueva legislación.
La discusión sobre los funcionarios agrega ahora un nuevo punto de negociación al proyecto. El Gobierno busca mantener el espíritu de la reforma y ampliar el universo de personas alcanzadas, pero al mismo tiempo necesita garantizar el respaldo parlamentario suficiente para evitar que la iniciativa vuelva a quedar trabada en las comisiones.
El antecedente de Adorni se convirtió así en uno de los argumentos utilizados por los bloques aliados para reclamar una excepción específica. La definición final dependerá de las negociaciones que se desarrollen antes y durante el plenario de este miércoles.
