El oleoducto Puerto Rosales-La Plata, propiedad de YPF, fue víctima del robo de petróleo a gran escala. Personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina comenzó a investigar una contaminación ambiental en una destilería clandestina de Valentín Alsina, y terminó con el descubrimiento de una asociación ilícita dedicada al robo de crudo.
La investigación que comenzó a mediados de febrero demandó más de 30 allanamientos entre las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Santa Fe, según publicó el Diario La Nación.
La organización habría realizado un bypass en el oleoducto en cercanías de Bahía Blanca de donde extraía el crudo y lo almacenaba en piletones construidos en la tierra.
Al parecer, el proceso delictivo consistía en extraer el crudo, refinarlos en las destilerías clandestinas y venderlo como combustible en estaciones de servicio “sin bandera” y a productores agropecuarios.
El desfalco rondaría los U$D 5 millones y el perjuicio podría alcanzar a otras operadoras. Si bien la línea de transporte es propiedad de YPF, existen en los 584 kilómetros de extensión terminales de transferencias hacia otras refinerías.
La Terminal de Brandsen se encuentra a 521 Kilómetros de Puerto Rosales y tiene una capacidad nominal de 60.000 m3. Desde allí sale un oleoducto con una capacidad de transporte de 10.865 m3/d para la destilería de Campana; y en la cabecera de La Plata se termina derivando crudo a las refinerías de Dock Sud.
Lo llamativo es que las terminales no hayan detectado las pérdidas de caudal. En la industria, los oleoductos son monitoreados permanentemente por sistemas que detectan el flujo, la temperatura y/o la velocidad.
Por un lado, las empresas realizan diariamente un balance volumétrico y por otro controlan las variaciones de presión. Si el caudal se acelera es una señal que podría existir una anormalidad y ante esa situación se revisa el proceso.
El delito investigado por la fiscal federal Cecilia Incadona y el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, terminó poniendo en evidencia la falta de control interno de las compañías en los procesos de despacho y entrega de crudo.
