Varios uniformados de la policía rionegrina mostraron su descontento por una denuncia radicada por el Secretario General de la Gobernación, Matias Rulli quien pidió se investigue la actuación de los choferes de los móviles policiales que se vieron en la protesta en Viedma.
Rulli radicó la denuncia penal en la Fiscalía de Viedma y para ello citó el artículo 260 que indica que el funcionario que haya llevado a cabo cualquier irregularidad será reprimido con pena de un mes a tres años de inhabilitación especial.
La denuncia radicada por el propio Secretario de Gobierno cayó muy mal en las filas policiales ya que argumentan que se había acordado que no habría ningún tipo de represalia hacia la policía