Fuerte rechazo a restringir libertades a los presos

Defensores Generales de varias provincias, se expresaron contrarios a la reforma de la ley de Ejecución Penal que se debatirá en el Senado, al considerar que restringir el acceso a la libertad condicional, las libertades asistidas o las salidas laborales "es contrario al régimen de progresividad del sistema penitenciario y viola la naturaleza de la ley 24660”.

De esa manera el Consejo Federal de Defensores Públicos fijó su postura. Participaron representantes de las provincias de La Pampa, Salta, Jujuy, Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría General de la Nación y, por Neuquén, el Defensor General Ricardo Cancela.

La ley que se pretende modificar –la 24660- "tiene puntos a discutir y seguramente reformar”, pero "resulta de las más avanzadas en materia de socialización e inclusión de las personas privadas de su libertad e una vida post sistema carcelario. Aún con todas las deficiencias y decisiones políticas que atentan contra la seguridad de los y las usuarias del sistema, el tratamiento de progresividad garantiza derechos como la educación, el trabajo y la salud”, dice la declaración de los funcionarios.

Consideran que "una reforma en los términos planteados, sin la participación de las organizaciones sociales y organismos del Estado que trabajan con hombres y mujeres privadas de libertad”, es cuanto menos arbitraria”. Y finaliza con que "las reformas que impactan sobre las personas más violentadas por el sistema político-penitenciario deben basarse en los criterios establecidos en las Reglas de Mandela y tratados internacionales, y no en meros intereses electorales que apologizan el odio entre los seres humanos que ostentan condiciones sociales diferentes”.