Una mujer pagará 2000 pesos por mes a seis personas que la habían denunciado por supuestas estafas y prestará 96 horas de servicio comunitario. Así se determinó a partir de un acuerdo entre la acusada y el Ministerio Público Fiscal, que accedió a esa posibilidad luego de haber obtenido el consentimiento de las denunciantes.
El juez de Garantías Diego Piedrabuena homologó el acuerdo, pero antes explicó los alcances de la medida y las consecuencias a las víctimas, que estaban presentes en la audiencia, y luego les ofreció hablar, previo a dictaminar.
La causa la iniciaron seis personas que, tentadas por la posibilidad de conseguir un puesto laboral, acudieron a la acusada que se presentó como gestora. Para ello debieron abonar una suma de dinero. Pero, pese a las promesas, los puestos laborales nunca aparecieron.
Piedrabuena explicó que cuando se arriba a un acuerdo de este tipo entre las partes, se plantea una reparación de parte de quien está denunciado, además de un período de cumplimiento de pautas de conducta. En caso de incumplimiento, se retoma el proceso judicial y se avanza en un juicio oral.
En este caso puntual, la mujer deberá cumplir 96 horas de servicio comunitario en una institución de bien público en Cinco Saltos, donde reside, y hará pagos mensuales de 2000 pesos hasta compensar con esa suma a cada una de las denunciantes. Además, durante un año deberá cumplir con el requisito de no cometer ningún delito, como así también abstenerse de consumir alcohol o drogas, y se deberá presentar cada 3 meses ante la dirección de población judicializada.
