Con cuatro testigos que restan presentarse este miércoles, se ingresa a la etapa final del jury que se sigue al fiscal Ricardo Videla y al juez civil Carlos Choco por su mal desempeño en la causa que terminó con el doble femicidio de Karina Apablaza y su hija Valentina, en febrero de este año, en Las Ovejas. Para Ricardo Mendaña, defensor de Videla, no hubo elementos que ameritaran tomar otras medidas -por ejemplo la prisión preventiva- a las dispuestas por los funcionarios enjuiciados, porque “no había riesgo de vida”. También dijo que Karina nunca advirtió que temía por su vida, sino que dijo que temía que “Lorenzo Muñoz (el asesino) se matara” y finalmente, consideró que “es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero que acá si se los condena, son chivos expiatorios”.
Por la tarde en AM 550, Gustavo Lucero, abogado de la familia Apablaza, opinó que “más que un juicio jurídico, este es un juicio político. “En su rol de fiscal acusador, Marcelo Medori fue muy claro y dijo que ellos -en alusión al fiscal Ricardo Videla y al juez civil Carlos Choco- no protegieron a las víctimas y esto no es un dato menor”, explicó, al considerar que “esto marca una diferencia con los juicios penales, donde se espera una pena ejemplar, proporcional a la infracción del imputado; mientras que en este caso se está cuestionando que no se dio la atención que merecían las dos mujeres que terminaron siendo las víctimas fatales”.
A su turno, en Noticiero Central, fue consultado al respecto Ricardo Mendaña, el abogado de uno de los acusados, en este caso del fiscal Videla. “No coincido en absoluto con Lucero, porque primero para saber si una medida de protección es adecuada o no, lo que hay que saber no es con el diario del lunes sino al momento, qué se evaluó de la situación. Y no había elementos previsibles”, disparó. Y agregó: “No tenían los funcionarios, ni el juez ni el fiscal, información que estuviera denotando un riego de muerte. Y en un momento, por consejo del juzgado de Familia se tomó una medida que era de no acercamiento (de parte de Muñoz) con las víctimas. Esas medidas se habían incumplido y habían generado situaciones, pero eso no denotaba un riesgo de muerte, en absoluto”.
En cuanto a no pedir la prisión preventiva, pese a estos “incumplimientos” de Muñoz y advertidos por la justicia, Mendaña consideró que “esa es la última alternativa”.
Precisamente, el punto en cuestión sobre el cual pretende avanzar el jurado, es si no fue un detonante notificar a Lorenzo Muñoz, el 22 de febrero pasado, que al día siguiente sería detenido por violar una restricción de acercamiento. La reacción fue que buscó y mató a Karina Apablaza y Valentina, de 12 años. “Hay mucha especulación, nadie sabe que pasó por la cabeza de Muñoz en ese momento. Antes de dictar la prisión preventiva se deben ordenar otras medidas y se debe justificar el pedido. En este caso concreto, la señora Apablaza nunca dijo que temía por su vida, ella dijo que tenía miedo que él se mate. El informe de la red interinstucional (de la zona norte) se hizo en septiembre, el doble homicidio ocurrió en enero, es decir, no había riesgos”, opinó.
Finalmente, en cuanto a las expectativas que tiene sobre este jury, que mañana miércoles entra en su etapa final, consideró que “si los funcionarios son condenados, el sistema no funciona y a quién le echamos la culpa, es la institución que está buscando chivos expiatorios”.
Las audiencias se realizan en la Legislatura de Neuquén. El jurado está compuesto por Germán Busamia, vocal del TSJ; Alejandra Cerda y Alejandra Bozzano, conjuezas; Guillermo Carnaghi y María Laura Du Plessi, diputados por el FpV y el MPN, respectivamente; y las abogadas Gabriela Navarrete y Yanina Pellichero.
Las penas van desde la suspensión hasta la remoción del cargo.
