Los abogados defensores de Luciano Hernández, condenado a prisión perpetua como coautor del asesinato de Fernanda Pereyra y el aborto de su hijo de siete meses de gestación, impugnaron la sentencia basándose en la supuesta "ausencia de un jurado imparcial", además de atacar otras cuestiones probatorias que se ventilaron durante el prolongado juicio. El argumento ataca el génesis mismo del procedimiento que se aplica en la provincia desde el 14 de enero de 2014, ya que se cuestionó el presunto "conocimiento previo" que tuvieron algunos de los integrantes del bárbaro asesinato ocurrido en Rincón de los Sauces, el 20 de julio del año pasado.
Juan Manuel Coto y Martín Segovia presentaron un recurso de impugnación de 75 páginas con el propósito de revertir la condena a prisión perpetua de su cliente, Luciano Hernández, ex preja de la víctima y a quien el jurado popular lo responsabilizó por 8 votos a 4. Luego la jueza Leticia Lorenzo lo condenó a prisión perpetua al igual que a los hermanos Fabio y Diego Marillán y Osvaldo Castillo -cuya culpabilidad fue atribuida por unanimidad (12 a 0)-.
En el escrito los abogados hicieron referencia a dos jurados -de quienes dieron a conocer sus identidades-, designados como los jurados "6 y 26", y a los que les asignaron tener un "conocimiento previo del caso que les provocó, en un caso especialmente, un condicionamiento por la sensación que generó el caso en ellos". Uno de ellos, en la audiencia de elección de integrantes del jurado popular, dijo haber sentido "espanto" al enterarse por los medios de prensa lo que había ocurrido con Fernanda y su bebe. La jueza Lorenzo rechazó el pedido de recusación argumentando que lo que el tribunal iba a juzgar es la responsabilidad de los acusados y no el hecho en sí.
Los impugnantes cuestionaron la integración de tres jurados -además de los 6 y 26 al numero 1- porque tienen relación con personas residentes en San Rafael, Mendoza, ciudad natal de la víctima, y a quienes consideraron, entonces, "contaminados".
El asesinato de Fernanda Pereyra, por su particular consumación, trascendió las fronteras de la provincia y fue tema en los noticieros de radio y tevé del país, como también en los diarios. No es fácil suponer, entonces, que para una comunidad que no supera los 10 mil habitantes estables, un hecho de estas características pase desapercibido o, al menos, sea ignorado.
También los abogados cuestionaron la prueba presentada en el debate, en especial las imágenes de cámaras de seguridad y la pericia al teléfono celular de Hernández. Del primero de los ítems, señalaron que en las imágenes de la cámara de seguridad de la esquina de San Martín y Chubut no se vio la Renault Kangoo -sí la Toyota Hilux negro-, y también que a la hora del hecho se encontraba en su inquilinato, circunstancia que corroboraría también una cámara de seguridad. Y del segundo, que a las 20.48 del 20 de julio, Hernández estaba hablando por teléfono con su pareja, coincidentemente con el horario en que se producía el secuestro de Fernanda.
La audiencia de impugnación se desarrollará el martes 21 de agosto en la Ciudad Judicial.
