La Justicia neuquina le impuso cuatro meses de prohibición de acercamiento a su ex pareja, a la que agredió a trompadas tres veces -la primera en diciembre del año pasado- y violó en dos oportunidades la restricción perimetral que le habían impuesto juzgados de Familia. Eso sí, ahora le advirtieron que de volver a atacar a su ex pareja le revocarían la condicionalidad de su libertad.
En una audiencia de formulación de cargos, la fiscal Carolina Mauri acusó a un hombre -identificado por sus iniciales como C.U.G por haber agredido a trompadas a E.Z.V.M, con quien mantenía una relación de pareja.
La historia de violencia de C.U.G contra E.Z.V.M comenzó el 5 de diciembre del año pasado cuando el imputado lesionó en varias partes del cuerpo a la mujer, golpeándola sin piedad. Ya es esa oportunidad, había violado una orden de restricción de acercamiento que le había impuesto un juzgado de Familia. Si bien la víctima radicó la denuncia, luego desistió de continuar con la causa.
El otro episodio ocurrió el 13 de mayo de este año cerca de las siete y media de la tarde y ante los ojos de quienes se encontraban en el Paseo de la Costa. Allí la encontró y la golpeó, provocándole lesiones en el rostro. Y ocho horas después -a las 3.30 del 14 de mayo- volvió a atacarla a trompadas en la esquina de Necochea y Novella. Por esos episodios se consideró nuevamente violada la orden de no acercamiento.
La fiscal Mauri solicitó que se lo impute por los delitos de lesiones leves calificadas en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial (dos hechos) en concurso real con lesiones graves calificadas en ambos casos por haber mantenido una relación de pareja y violencia de género en calidad de autor.
Como medida de coerción solicitó que se imponga una medida la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, así como que se abstenga de “ejercer actos de violencia y de intimidación por contacto propio o de terceros y por cualquier medio”, por el plazo de cuatro meses.
El juez de garantías Mauricio Zabala avaló el pedido de la fiscalía e impuso las medidas de coerción por el plazo que dura la investigación, fijado en cuatro meses.
El magistrado le hizo saber al imputado que en caso de desobedecer las medidas impuestas “podría implicar que se revea su condición de libertad”.
