CRIMEN DEL PEÓN SALTEÑO
Imputan a hermanos por encubrir un asesinato en Cinco Saltos
Uno, tiró el cadáver de Juan Marcelo Gareca al canal de riego. El otro se deshizo del celular y la moto de la víctima.
Dos hermanos fueron imputados este miércoles por encubrir el asesinato de un hombre ocurrido en febrero de este año en Cinco Saltos. Uno, por haber cargado el cadáver en un automóvil y tirarlo al canal principal de riego con el objetivo de hacerlo desaparecer. Y su hermano, por destruir el teléfono celular de la víctima y esconder la moto y la llave de arranque.
En una audiencia de formulación de cargos, el fiscal Martín Pezzeta imputó a los hermanos por la figura de encubrimiento del homicidio de Juan Marcelo Gareca, de 29 años, salteño pero que se encontraba trabajando de manera temporaria en San Patricio del Chañar.
De acuerdo con lo que se logró reconstruir, Gareca fue asesinado en el interior de la vivienda ubicada en Manuel Estrada al 200 de Cinco Saltos entre la una y las cinco de la mañana del 7 de febrero. Según se constató en la autopsia, presentaba un disparo en el cráneo.
Inmediatamente después el sindicado como autor del homicidio, llamado Raúl Castellano, y uno de los hermanos ahora imputados, subieron el cadáver a un VW Gol color blanco y lo trasladaron al canal principal de riego, donde lo arrojaron. Los restos de Gareca fueron encontrados dos días después en el paraje El Treinta.
El tercer hombre, habría tenido como tarea deshacerse del teléfono celular marca Nokia, al que hizo trizas, y de la motocicleta de propiedad de la víctima.
Según expuso el fiscal, el fin que perseguían los imputados era lograr la impunidad del autor material del crimen. En ese contexto, el fiscal aclaró que “ninguno de los dos tuvo participación en el accionar homicida”.
La calificación legal del caso es la de encubrimiento agravado en calidad de coautores en ambos casos.
La defensa oficial, a cargo del Marcelo Caraballo, no tuvo objeciones formales al hecho, pero adelantó que trabajarán en una teoría del caso distinta a la de la fiscalía, por lo que solicitó un plazo de cuatro meses para poder avanzar en su propia investigación sobre lo ocurrido. La Jueza de Garantías, Laura González Vitale tuvo por formulados los cargos.
