Un jurado popular declaró culpable, por unanimidad, a un hombre de 40 años por abuso sexual al que sometió durante cuatro años a la hija de su pareja, a la que dejó embarazada.
En menos de dos horas de deliberación, el jurado integrado por ocho mujeres y ocho hombres (12 titulares y 4 suplentes) firmó el dictamen declarando responsable de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual agravado al padrastro de la menor, a quien el año pasado se le practicó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Del imputado sólo se sabe que es empleado de un municipio inmediato a Zapala. Pese a la declaración de culpabilidad. Continuará en libertad y en una próxima audiencia la jueza Leticia Lorenzo –que dirigió el debate- fijará el monto de la pena que deberá cumplir.
De acuerdo al expediente judicial, la víctima fue abusada desde que tenía 8 por la pareja de su madre desde hacía 10 años.
La madre no sospechaba nada. A principios de agosto del año pasado su hija sufrió una fuerte descompostura y en el pequeño hospital de la localidad donde viven le diagnosticaron cólicos. Le recomendaron que hiciera dieta y tomara mucha agua. El malestar seguía por lo que la madre decidió viajar con su hija a Zapala para hacer una consulta de mayor complejidad. A la niña se le hizo una ecografía abdominal que derivó en una ecografía ginecológica, y así se descubrió que cursaba un embarazo de 9 semanas.
Del consultorio y conmocionada por la revelación, la madre y su hija fueron a la fiscalía y presentaron la denuncia ante la fiscal Laura Pizzipaulo. La víctima, que apretaba una muñeca contra su pecho, dijo: “fue el papi”.
Fue la fiscal jefa Sandra González Taboada quien llevó adelante la acusación. Planteó que el hecho ocurrió en fechas indeterminadas pero en el período comprendido entre agosto de 2014 y agosto de 2018. Además expresó que M.I abusó sexualmente de la hija de quien en ese momento era su pareja y que los ataques sexuales ocurrieron en la vivienda familiar que compartían en una localidad cercana a Zapala.
Producto de los abusos, la víctima quedó embarazada, razón por la cual fueron develados los ataques en 2018. El embarazo fue legalmente interrumpido posteriormente y luego se realizó una pericia de ADN que confirmó la paternidad del imputado.
El defensor de los derechos del niño y el adolescente Claudio Alderete, que interviene como querellante institucional, y los abogados Germán Zúñiga y Julio Álvarez, que intervienen como querellantes particulares, adhirieron a los hechos y la calificación legal presentados por González Taboada.
El juicio comenzó con los testimonios de un familiar de la víctima y siguió con médicos y peritos que intervinieron durante la investigación. El debate se desarrolló hasta hoy en que finalizó con el dictamen del jurado popular.
