El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a un hombre por hacerse pasar por abogado y estafar por 16.405.000 a familiares de dos condenados, bajo la promesa de sacarlos de la cárcel. Las estafas ocurrieron entre junio y agosto en Neuquén.
Durante una audiencia realizada el miércoles, el fiscal jefe Pablo Vignaroli acusó al imputado de haberse haberse presentado como abogado ante la víctima y haberle cobrado por sus supuestos servicios. El fiscal encuadró los hechos como estafa genérica, en concurso ideal usurpación de título, en carácter de autor.
Vignaroli explicó que la víctima es de la localidad de El Huecú y que tiene dos hermanos detenidos. Esta situación lo llevó a contactarse y contratar los servicios del acusado, quien le dijo que era abogado.
El fiscal jefe explicó que la maniobra comenzó después de que el supuesto abogado fue contratado. El hombre se reunió con las dos personas condenadas y, haciéndose pasar por abogado, fingió asumir su defensa. Prometió conseguir su libertad a cambio de un pago de cuatro millones de pesos, además de los gastos correspondientes a cada una de las presentaciones judiciales que debía llevar a cabo. En esa ocasión, la suma exigida fue de un millón de pesos, cantidad que la víctima y su hijo pagaron en efectivo.
Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, esta conducta resultó en repetidos pedidos de dinero durante los meses de junio y julio, acumulando un total de más de 16 millones de pesos. Además, los familiares de los detenidos para poder afrontar los gastos se vieron obligados a endeudarse.
El último engaño ocurrió en agosto y consistió en asegurarle a las víctimas que había realizado, en su representación, una demanda contra los antiguos abogados de los detenidos y que en el corto plazo cobrarían un resarcimiento por 88 millones de pesos, lo que les permitiría afrontar las deudas contraídas.
Mediante esa maniobra, que también incluyó un llamado telefónico de parte de un falso fiscal, los alentó a tomar nuevos préstamos para afrontar los supuestos gastos que requería la libertad “con tobillera electrónica” de los detenidos.
Las estafas terminaron cuando una persona con la que las víctimas se habían endeudado les advirtió que no era abogado.
Tras presentar los distintos informes que certifican que el imputado no es abogado, el fiscal jefe explicó que restan tres medidas de investigación: la apertura de dispositivos electrónicos secuestrados al imputado; un informe contable; y un informe encomendado al departamento de Delitos Económicos de la Policía sobre cámaras de seguridad. Por ese motivo solicitó un plazo de investigación de 4 meses.
Tras escuchar a las partes y sin oposición de la defensa, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación solicitado.
