La Policía Caminera de Córdoba tenía jefe, y también tenía banda. Literal. Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, comisario general y flamante ex número uno de la fuerza vial provincial, fue detenido por orden del fiscal Guillermo González. ¿El motivo? Nada menor: liderar una organización delictiva integrada por policías y abogados (algunos con ambos títulos), que usaban información reservada para armar un buffet paralelo a la ley.
Sí, leíste bien. El que te frenaba por no tener el matafuegos en regla, en realidad manejaba una especie de estudio jurídico trucho con patrullero incluido. Según la imputación, usaban bases de datos oficiales para hacer de todo: desde apretar deudores hasta ponerle precio a una defensa penal a medida. El combo incluía delitos como coacción, extorsión, asociación ilícita (en calidad de jefe), peculado, encubrimiento por omisión y enriquecimiento ilícito. Casi el código penal entero, pero en versión policial.
Una banda bien armada (de títulos y jerarquías)
Además del capo de la Caminera, fueron detenidos:
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Gabriel Élido Burkhard, civil con alma de barra brava judicial: coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito y organizador de la banda.
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Leonardo Javier Torres, comisario inspector y asesor letrado de la Policía: parte del club de socios de la asociación ilícita.
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Martín Darío Heredia, comisario inspector de la Caminera: acusado también de enriquecimiento ilícito y hacerse bien el distraído.
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Gastón Miguel Ochoa Roldán, abogado y hermano del jefe, porque si vas a delinquir, que sea en familia.
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Jorge Gutiérrez, comisario inspector de Protección de Testigos, lo cual da un giro tragicómico: el que debía cuidar a los testigos... era parte del quilombo.
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Dante Gabriel Villalba, suboficial y chofer de la Jefatura: también ligado a la banda, parece que no solo manejaba patrulleros.
Un buffet con sirena
Según la investigación, el esquema era claro: accedían a bases de datos reservadas (esas a las que solo debería acceder la policía para investigar delitos), y las usaban para ubicar personas con antecedentes o deudas, armarles un combo judicial a medida, y sacarles guita. Todo desde despachos policiales, oficinas jurídicas o incluso desde el patrullero en movimiento. Una especie de “abogados delivery”, versión con sirena y uniforme.
Además, durante los allanamientos (11 en total), se incautó documentación y pruebas en estudios jurídicos, casas particulares y hasta en oficinas de la misma Jefatura de Policía. Porque ya ni el cuartel era sagrado.
¿Y ahora?
La causa recién empieza y, como dicen desde la fiscalía, “no se descartan nuevas imputaciones”. En otras palabras: si esto es una punta, el ovillo viene largo. La Justicia ya mira con lupa al cuerpo policial-legal que, mientras paraba autos en la ruta, armaba negocios paralelos con prontuarios ajenos.
O como diría un cordobés: te paraban para pedirte los papeles... y después te ofrecían defensa penal con combo judicial incluido.