Un violento episodio conmociona a la localidad pampeana de 25 de Mayo. Un hombre con discapacidad fue brutalmente atacado a golpes por un menor de edad, en plena calle y durante la madrugada, cuando se dirigía al hospital. El agresor, que habría estado bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, reaccionó con extrema violencia luego de que la víctima le respondió que no tenía cigarrillos. La víctima se encuentra en grave estado y luego de permanecer en terapia intensiva fue trasladado de urgencia al hospital de Santa Rosa.
Todo ocurrió alrededor de las 0.30 sobre calle Puelén. La víctima, un vecino muy conocido caminaba hacia el hospital Jorge Ahuad cuando fue interceptado por el joven. Sin mediar provocación, y tras un intercambio breve, el adolescente comenzó a agredirlo a golpes de puño y patadas.
La ferocidad del ataque fue tal que la víctima, identificada como Adrián Barros, quedó tendida en el suelo, con el rostro completamente desfigurado. Fue trasladado de urgencia al hospital donde se le diagnosticó una doble fractura de tabique nasal, además de otras heridas de consideración. Permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y fue derivado a Santa Rosa.
La intervención de la policía no tardó. según informó el sitio catriel25noticias.com, la Comisaría Departamental realizó un allanamiento en el domicilio del presunto agresor, donde se secuestraron elementos relacionados al ataque. Sin embargo, pese a las evidencias reunidas, el menor fue notificado de la causa y luego puesto en libertad, en cumplimiento del régimen penal juvenil vigente.
Desde el punto de vista legal, el adolescente está alcanzado por la Ley Nacional 22.278, que regula el régimen penal para menores de edad. Esta norma establece que los menores de 16 años no son punibles, y que recién a partir de esa edad se puede iniciar una causa penal, aunque con medidas que priorizan la contención y la reinserción. En este caso, aunque se comprobó la autoría del hecho, el agresor recuperó la libertad por no cumplir con la edad mínima exigida por la ley para una detención formal. Esa situación deja en evidencia una brecha legal que muchas veces pone en tensión el derecho penal juvenil con la demanda social de justicia ante delitos especialmente graves.