La Justicia ordenó abrir el celular del anestesista Alejandro Zalazar, quien murió por sobredosis, para intentar determinar el origen de los medicamentos que consumió. El dispositivo fue hallado a pocos metros del cuerpo y será clave para el avance de la causa.
Según trascendió, el teléfono estaba bloqueado, por lo que el juzgado solicitó su apertura a la DATIP, dependiente del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de analizar su contenido y rastrear información relevante.
En paralelo, el fiscal tomará declaración a un amigo de Zalazar, también médico residente, con quien había hablado hasta la noche previa a su muerte.
El caso se remonta a febrero, cuando el anestesista —que se desempeñaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y había sido residente del Hospital Rivadavia— fue encontrado sin vida en su domicilio. La autopsia determinó que murió por una sobredosis de propofol y fentanilo.
Junto al cuerpo, la Policía encontró medicamentos y una bomba de infusión, lo que encendió las alarmas en el sistema de salud. La investigación posterior reveló que los fármacos provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires.
En ese contexto, fueron identificados como presuntos responsables del robo y distribución de las drogas los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes ya no trabajan en la institución y quedaron imputados en la causa.
Durante los allanamientos en sus viviendas, la Policía secuestró tubos de anestesia, jeringas, celulares y computadoras, elementos que ahora serán peritados para reconstruir el circuito de los medicamentos.
La investigación también puso el foco en presuntas fiestas clandestinas, conocidas como “Propo fest”, en las que se habrían utilizado estos fármacos de uso exclusivamente clínico.
Además, se realizó un operativo en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, donde se buscó documentación vinculada a posibles reuniones entre los profesionales involucrados.
“El allanamiento nos tomó por sorpresa, pero somos los que más queremos saber qué pasó. Apenas tomamos conocimiento, corrimos a la Justicia a denunciar”, aseguró el abogado de la entidad, Eduardo Gerome.
Según explicó, los investigadores buscan actas o registros de encuentros, aunque aclaró que la institución no interviene en la vida privada de los profesionales.
