La Justicia de Río Negro rechazó la impugnación presentada por Alberto Alfredo Ariaudo, expresidente del Concejo Deliberante de Catriel, y confirmó la validez de todo el proceso penal que lo tiene imputado por amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego. El Tribunal de Impugnación descartó los planteos de nulidad impulsados por su defensa, ratificó la legalidad de la detención y dejó firme la investigación que se inició tras una serie de episodios que sacudieron la política local.
La resolución representa un nuevo revés para quien hasta marzo de 2025 ocupaba uno de los cargos institucionales más importantes de la ciudad petrolera rionegrina. La defensa había intentado derribar toda la estructura de la causa argumentando que Ariaudo no podía haber sido detenido sin un desafuero previo debido a su condición de presidente del Deliberante. Sin embargo, la mayoría de los jueces entendió que esa interpretación no tiene sustento constitucional.
Según el fallo, la protección que poseen los concejales alcanza únicamente a las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, pero no los blinda frente a investigaciones por delitos comunes. En otras palabras, para el Tribunal las acusaciones por amenazas, coacción y portación ilegal de un arma no tienen ninguna relación con la actividad legislativa y, por lo tanto, no están cubiertas por inmunidad alguna.
Además, la resolución ratificó la legalidad de la detención ordenada durante los días de mayor tensión política en Catriel. Los jueces coincidieron con el planteo de la Fiscalía, que sostuvo que existían elementos suficientes para actuar de manera urgente ante una situación que consideró riesgosa y potencialmente grave.
La investigación se originó a partir de hechos ocurridos entre el 8 y el 14 de marzo de 2025. De acuerdo con la acusación, Ariaudo envió mensajes de contenido amenazante a personas vinculadas al ámbito municipal y protagonizó un episodio que generó una fuerte conmoción institucional.
En ese contexto, la Fiscalía sostiene que el entonces presidente del Concejo Deliberante exhibió un revólver sin autorización legal dentro del edificio legislativo. Según la acusación, el arma fue mostrada frente a una cámara de seguridad interna de manera intimidatoria hacia la intendenta de Catriel. Ese episodio se convirtió en uno de los puntos centrales de la causa y en uno de los argumentos que justificaron las medidas adoptadas por la Justicia.
Por otra parte, la defensa también buscó cuestionar la validez de la renuncia que Ariaudo presentó durante la audiencia de formulación de cargos. El planteo apuntaba a demostrar que esa decisión fue consecuencia de una detención que consideraban ilegal. Sin embargo, el Tribunal rechazó esa teoría.
Los magistrados recordaron que la renuncia fue expresada ante una jueza y con la asistencia de sus abogados defensores. Incluso remarcaron que la decisión fue manifestada en plena audiencia y con asesoramiento profesional, por lo que no encontraron indicios que permitieran sostener que existió algún tipo de presión indebida.
De esta manera, la resolución dejó firme no sólo la formulación de cargos, sino también las medidas de prueba obtenidas durante la investigación. El secuestro del teléfono celular, los allanamientos y el resto de las actuaciones continúan siendo válidos para el avance del expediente.
Así, más de un año después del escándalo que sacudió la política de Catriel, la Justicia volvió a respaldar el trabajo de los investigadores y dejó en claro que los fueros municipales no constituyen un escudo frente a acusaciones por delitos comunes. Para Ariaudo, la derrota judicial significa que la causa seguirá su curso y que los hechos que se le atribuyen continuarán bajo la lupa de los tribunales.
