NEUQUÉN
Ley provincial de impuesto
Baum expresó su preocupación por la mora judicial en la resolución del amparo a favor de los trabajadores neuquinos.
Neuquén.- El diputado Daniel Baum, expresó su preocupación por la mora judicial en la resolución del amparo que ha presentado junto con el diputado provincial Jesús Escobar a favor de los trabajadores neuquinos por la mala aplicación que se hace a nivel provincial de la ley del impuesto a las ganancias al liquidarse los haberes incluyendo en la base imponible la compensación mensual denominada zona desfavorable, que se hace para equilibrar los mayores costos de vida de la región.
Al respecto, debe verse que el amparo fue interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia el día 7 de agosto de este año, y recién aquel organismo, el 30 de octubre, resolvió que era incompetente para entender en el mismo, remitiendo las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 6, el cual, también decidió, el 21 de noviembre, que era incompetente, razón por la cual, actualmente, el expediente se encuentra en la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil, luego de más de 4 meses de interpuesto, sin que siquiera se haya determinado la competencia, y mucho menos la admisibilidad del mismo.
Esta cuestión, no es de menor trascendencia, pues aquí lo que se reclama es una afectación de muchos salarios, cuya primera finalidad tiene que ver con solventar las necesidades básicas de los trabajadores, entre las cuales se encuentra alimentos, vivienda y vestimenta, razón por la cual, se intentó esta vía, rápida y expedita, que conforme lo establecido por la legislación local -ley 1981-, no debería implicar más de 10 días el trámite total, con la resolución de la cuestión de fondo, y aquí, todavía no se ha decidido, siquiera, quien resulta competente para entender en la cuestión.
Este dato no resulta ser menor, pues la ley 1981, claramente establece en su artículo 11 que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentada la demanda, el juez dictará auto declarando admisible o inadmisible la acción, y aquí han pasado 4 meses, y todavía no se ha decidido quien deberá resolver, lo cual nos hace sentir que parece que nadie en la justicia local quiere asumir la responsabilidad de hacer justicia para los trabajadores.
Al respecto, debe verse que ya existe legislación nacional que exime del cálculo para determinar la base imponible del impuesto a determinados adicionales, como por ejemplo ocurre con los empleados legislativos nacionales, los cuales, según la ley 24.686, no tributan ganancias en los conceptos de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación similar, lo que, al menos, debería aplicarse a los empleados legislativos provinciales, bajo el criterio de analogía que hizo el Poder Judicial de nuestra provincia para aplicar la Acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced a la cual, ningún empleado judicial, funcionario o magistrado sufre algún tipo de retención por ganancias.
A esta altura, ya estamos prontos a terminar el año y empezar la feria judicial, sin embargo, la Justicia no se ha expedido sobre este tema, y nuestros trabajadores locales merecen que esta cuestión sea tratada lo antes posible, y nada mejor, que esto ocurriese ante de las fiestas de fin año, haciendo lugar al pedido, y dando alivio a las economías familiares que tan castigadas se han visto en estos últimos tiempos con los problemas económicos que padece nuestro país.
Al respecto, debe verse que el amparo fue interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia el día 7 de agosto de este año, y recién aquel organismo, el 30 de octubre, resolvió que era incompetente para entender en el mismo, remitiendo las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 6, el cual, también decidió, el 21 de noviembre, que era incompetente, razón por la cual, actualmente, el expediente se encuentra en la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil, luego de más de 4 meses de interpuesto, sin que siquiera se haya determinado la competencia, y mucho menos la admisibilidad del mismo.
Esta cuestión, no es de menor trascendencia, pues aquí lo que se reclama es una afectación de muchos salarios, cuya primera finalidad tiene que ver con solventar las necesidades básicas de los trabajadores, entre las cuales se encuentra alimentos, vivienda y vestimenta, razón por la cual, se intentó esta vía, rápida y expedita, que conforme lo establecido por la legislación local -ley 1981-, no debería implicar más de 10 días el trámite total, con la resolución de la cuestión de fondo, y aquí, todavía no se ha decidido, siquiera, quien resulta competente para entender en la cuestión.
Este dato no resulta ser menor, pues la ley 1981, claramente establece en su artículo 11 que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentada la demanda, el juez dictará auto declarando admisible o inadmisible la acción, y aquí han pasado 4 meses, y todavía no se ha decidido quien deberá resolver, lo cual nos hace sentir que parece que nadie en la justicia local quiere asumir la responsabilidad de hacer justicia para los trabajadores.
Al respecto, debe verse que ya existe legislación nacional que exime del cálculo para determinar la base imponible del impuesto a determinados adicionales, como por ejemplo ocurre con los empleados legislativos nacionales, los cuales, según la ley 24.686, no tributan ganancias en los conceptos de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación similar, lo que, al menos, debería aplicarse a los empleados legislativos provinciales, bajo el criterio de analogía que hizo el Poder Judicial de nuestra provincia para aplicar la Acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, merced a la cual, ningún empleado judicial, funcionario o magistrado sufre algún tipo de retención por ganancias.
A esta altura, ya estamos prontos a terminar el año y empezar la feria judicial, sin embargo, la Justicia no se ha expedido sobre este tema, y nuestros trabajadores locales merecen que esta cuestión sea tratada lo antes posible, y nada mejor, que esto ocurriese ante de las fiestas de fin año, haciendo lugar al pedido, y dando alivio a las economías familiares que tan castigadas se han visto en estos últimos tiempos con los problemas económicos que padece nuestro país.
