RIO NEGRO

Massaccesi denunció penalmente a los funcionarios del Gobierno de Río Negro

Los cargos son por Usurpación de títulos y honores, Abuso de autoridad y Malversación de fondos.
martes, 18 de marzo de 2014 · 16:45
Viedma.- Más de 300 funcionarios - dados de baja por el decreto 44/2014- fueron denunciados penalmente (juzgado 4) al igual que los firmantes del Decreto (Weretilneck, Di Giacomo).
Luego de las cesantías los funcionarios continuaron en sus cargos (Usurpación de títulos y honores, Art. 246 inc. 2 del Código Penal ).
Siguieron ocupando despacho y dando órdenes (Abuso de autoridad).
Por ser designados retroactivamente al 1 de febrero usando bienes públicos y percibiendo salarios por no trabajar (Malversación de fondos públicos).

 

AQUI, LA DENUNCIA

El  que suscribe viene a presentar formal denuncia penal de acuerdo a los hechos que a continuación se exponen y que se desprenden de los documentos públicos que en forma de Decretos dictara el gobierno de Río Negro involucrando a más de trescientos funcionarios y que motivan una serie de conductas que a nuestro criterio ameritan ser investigadas y eventualmente calificadas en la legislación penal.

1.HECHOS

El Gobierno de Río Negro con fecha 31 de enero del 2014 con las firmas del Gobernador Alberto Weretilneck y el Ministro de Gobierno  Luis Di Giácomo dictó, amparándose en el artículo 181 Inciso 3 de la Constitución Provincial, el Decreto 44 que en su parte dispositiva dispone "Dar de baja a partir del 31 de enero las designaciones de los Señores Funcionarios que integran la estructura de Autoridades Superiores de la Provincia de Río Negro, según se individualiza en el Anexo I que forma parte del presente decreto”.

  El mencionado Anexo 1 del Decreto 44 efectivamente enumera un listado de Autoridades Superiores que salvo los Ministros del Gabinete comprende la totalidad de los funcionarios de la administración del Estado Provincial. 

  Promediando el mes de febrero comenzaron a dictarse decretos de designación de parte de los funcionarios comprendidos en el Anexo 1 del Decreto 44 disponiéndose designaciones en las diferentes áreas donde se habían producidos las bajas.

   A pesar de la inédita situación que genera el acto gubernamental, (funcionarios dados de baja en masa), todo señala que nadie abandonó los cargos, antes bien se mantuvieron en los mismos sin la legitimidad de la correspondiente designación. Mantenerse en el cargo conlleva el uso de todos los atributos que el mismo comprende: uso de viviendas oficiales, vehículos, choferes, uso de los bienes y servicios públicos (atención del personal de maestranza, teléfonos celulares, etc).

   Se debe suponer que no se han dictados resoluciones administrativas en este lapso de irregular permanencia en los cargos, posibilidad que también deberá investigarse. Basta razonar, por el absurdo,  si un ciudadano  ingresa a una repartición del  gobierno (Departamento de Aguas, Dirección de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Social, etc) y se instala en el despacho correspondiente y comienza a dar órdenes, solicita un listado de llamadas, reclama los diarios del día y pregunta si está listo el coche oficial. No debiera pasar de minutos para que intervenga la policía ante la denuncia de cualquiera que observa esta conducta criminal. Esta es la situación pública y notoria  que han producido las contradictorias decisiones del gobierno, y que culminan en conductas que deberán ser investigadas, y en su caso sancionadas de acuerdo al Código Penal.

  Asimismo se observa que los decretos que producen las designaciones lo hacen con retroactividad al 1 de febrero del 2014 con lo cual deberá investigarse si se han pagado salarios por tareas no efectuadas. La contradicción es palpable: si no se trabajó se usurpan títulos y funciones, si se dispusieron tareas se ejerció una autoridad no legitimada, si se aduce no haber hecho nada de esto ¿cuál es la razón por las que se les paga?

    Al momento de esta presentación el cuadro descripto se mantiene: personas al frente de reparticiones, dictando órdenes o subordinando personal, pendientes de una o ninguna designación, otros designados con afectación de sueldos por tareas no efectuadas. En resumen, un conjunto de situaciones de hecho notoriamente violatoria de las normas y que sólo surge de la confrontación de los Decretos oficiales y de las públicas y notorias situaciones de hecho.

       Por todo lo expuesto dejo planteada formal denuncia.


                                                    Horacio Massaccesi

                                                             DNI  5412012  


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