NEUQUEN
Impondrán multas más duras a quienes agredan a inspectores durante operativos
El proyecto fue consensuado entre el Ejecutivo y el sindicato de trabajadores municipales.
Neuquén.- El intendente Horacio Quiroga anunció esta mañana, acompañado por autoridades de Si.Tra.Mu.Ne, que se elevará al Concejo Deliberante un proyecto para sancionar con dureza a quienes agredan a inspectores durante operativos municipales. La decisión se consensuó con el gremio luego de reiterados hechos de violencia hacia los agentes, entre los que se destaca el secuestro de uno de ellos durante controles por venta de alcohol clandestina.
La pena incluirá -además de la sanción económica- la inhabilitación por no menos de un año y no más de 24 meses para el ejercicio de la actividad por la cual se cometiera la infracción en primer término. De esta forma la multa que hoy puede costar entre 2.000 y 20.000 pesos, incrementará el mínimo a 10.000.
"Vemos con preocupación el avance de la agresividad y celebro que gobierno y sindicato estemos trabajando en un mismo sentido, respaldaremos las acciones que lleve adelante cualquier trabajador en el cumplimiento de sus tareas”, aseguró el jefe comunal.
En tanto, este mediodía el secretario de Coordinación, Marcelo Bermúdez, y el secretario general del sindicato municipal, Santiago Baudino, participaron de la reunión de la comisión de Legislación General del cuerpo legislativo, donde oficializaron la presentación del proyecto de modificación del artículo 38 del Código Contravencional de la ciudad, con el fin de sancionar a quienes obstaculicen inspecciones.
"Hemos tenido episodios de ataques con armas blancas y de fuego, golpes y secuestros. Esto motiva nuestra preocupación, y luego de una reunión con el sindicato hemos decidido proponer la modificación”, dijo Bermúdez.
Por su lado, durante la presentación de la iniciativa, Quiroga sostuvo que el objetivo es "que se sepa que agredir a un inspector no es gratis, que no es como si no pasara nada”, y explicó que se trata de "un pequeño esfuerzo para que las cosas vuelvan al tránsito normal, que no es la prepotencia, que no es la violencia, o que cualquier energúmeno pueda hacer lo que le de la gana”.
En ese contexto, solicitó a la policía mayor celeridad: "A la fuerza de seguridad no se le pide colaboración, se le pide que haga su trabajo. Pero acá parece que tenemos la lógica cambiada, no podemos permitir que las cuestiones de hecho alteren la lógica del funcionamiento del Estado”.
Adelantó, asimismo, que solicitó "el estudio analítico del Código porque entre no hacer nada y cometer un delito contemplado en el Código Penal hay un montón de conductas agresivas, violentas o anti sociales que generan problemas de convivencia”.
"Me permito pedir mayor celeridad, agilidad y mayor resolución a la fuerza de seguridad, porque cuando a un funcionario público se le pretende impedir que haga su trabajo, no es simplemente una contravención, es un condicionamiento para el Estado. Si cada funcionario municipal va a estar condicionado por la actitud violenta de algunos contribuyentes, nos quedamos sin Estado, se impondría el temor, la amenaza y la extorsión”, añadió, y preguntó "cómo no van a tener miedo los inspectores si no están preparados para detener a un automovilista y que se bajen con un palo, están preparados para actuar razonablemente en el marco de las facultades administrativas que tienen”.
Se refirió, por último, al caso del trabajador municipal secuestrado en una despensa del barrio Unión de Mayo durante un operativo por venta clandestina de bebidas alcohólicas, hecho que definió como un delito contemplado en el Código Penal.
Baudino, por su lado, afirmó que se trata de "un momento importante, porque hace tiempo que los trabajadores somos agredidos cuando hacemos nuestro trabajo en la calle, agresiones verbales y físicas. Hemos dialogado con otros gobiernos y nunca tuvimos eco, por eso destacamos esta decisión”.
Y aunque estimó que "seguramente esto no va a parar con la violencia, al menos va a hacer que el que quiera cometer un ataque de este tipo lo piense detenidamente”.
La pena incluirá -además de la sanción económica- la inhabilitación por no menos de un año y no más de 24 meses para el ejercicio de la actividad por la cual se cometiera la infracción en primer término. De esta forma la multa que hoy puede costar entre 2.000 y 20.000 pesos, incrementará el mínimo a 10.000.
"Vemos con preocupación el avance de la agresividad y celebro que gobierno y sindicato estemos trabajando en un mismo sentido, respaldaremos las acciones que lleve adelante cualquier trabajador en el cumplimiento de sus tareas”, aseguró el jefe comunal.
En tanto, este mediodía el secretario de Coordinación, Marcelo Bermúdez, y el secretario general del sindicato municipal, Santiago Baudino, participaron de la reunión de la comisión de Legislación General del cuerpo legislativo, donde oficializaron la presentación del proyecto de modificación del artículo 38 del Código Contravencional de la ciudad, con el fin de sancionar a quienes obstaculicen inspecciones.
"Hemos tenido episodios de ataques con armas blancas y de fuego, golpes y secuestros. Esto motiva nuestra preocupación, y luego de una reunión con el sindicato hemos decidido proponer la modificación”, dijo Bermúdez.
Por su lado, durante la presentación de la iniciativa, Quiroga sostuvo que el objetivo es "que se sepa que agredir a un inspector no es gratis, que no es como si no pasara nada”, y explicó que se trata de "un pequeño esfuerzo para que las cosas vuelvan al tránsito normal, que no es la prepotencia, que no es la violencia, o que cualquier energúmeno pueda hacer lo que le de la gana”.
En ese contexto, solicitó a la policía mayor celeridad: "A la fuerza de seguridad no se le pide colaboración, se le pide que haga su trabajo. Pero acá parece que tenemos la lógica cambiada, no podemos permitir que las cuestiones de hecho alteren la lógica del funcionamiento del Estado”.
Adelantó, asimismo, que solicitó "el estudio analítico del Código porque entre no hacer nada y cometer un delito contemplado en el Código Penal hay un montón de conductas agresivas, violentas o anti sociales que generan problemas de convivencia”.
"Me permito pedir mayor celeridad, agilidad y mayor resolución a la fuerza de seguridad, porque cuando a un funcionario público se le pretende impedir que haga su trabajo, no es simplemente una contravención, es un condicionamiento para el Estado. Si cada funcionario municipal va a estar condicionado por la actitud violenta de algunos contribuyentes, nos quedamos sin Estado, se impondría el temor, la amenaza y la extorsión”, añadió, y preguntó "cómo no van a tener miedo los inspectores si no están preparados para detener a un automovilista y que se bajen con un palo, están preparados para actuar razonablemente en el marco de las facultades administrativas que tienen”.
Se refirió, por último, al caso del trabajador municipal secuestrado en una despensa del barrio Unión de Mayo durante un operativo por venta clandestina de bebidas alcohólicas, hecho que definió como un delito contemplado en el Código Penal.
Baudino, por su lado, afirmó que se trata de "un momento importante, porque hace tiempo que los trabajadores somos agredidos cuando hacemos nuestro trabajo en la calle, agresiones verbales y físicas. Hemos dialogado con otros gobiernos y nunca tuvimos eco, por eso destacamos esta decisión”.
Y aunque estimó que "seguramente esto no va a parar con la violencia, al menos va a hacer que el que quiera cometer un ataque de este tipo lo piense detenidamente”.
