Despacho a favor de convenio marco para Chihuido

La comisión de Asuntos Municipales aprobó por amplia mayoría el despacho que ratifica el convenio marco suscripto con Nación para desarrollar el proyecto "Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I” y declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación las hectáreas que demandará la concreción de la iniciativa y sus obras complementarias.
La iniciativa analizada también exime de impuestos a los sellos y a los ingresos brutos al consorcio contratista encargado de realizar la obra, a sus contratos financieros, los sellos de las escrituras públicas que se deriven de la reubicación de casas de los pobladores locales. No así a las subcontrataciones que efectivice la empresa contratista para realizar las obras. La reunión contó con la presencia de la vicegobernadora Ana Pechen. 
Lo hizo hoy al mediodía con los votos del MPN; FG-NE; PJ; Nuevo Neuquén; FyM; UP y UCR. En tanto, el FIT y Libres del Sur adelantaron que presentarán un despacho en minoría durante el tratamiento que tendrá lugar la semana próxima en plenario de las comisiones A –Asuntos Constituciones- y B –Hacienda y Presupuesto-.
Previo a la votación, el presidente de Emhidro SEP, Elías Sapag explicó a los legisladores presentes que se trata de una obra "emblemática” para la provincia que demandará una inversión estimada de 18.039.210.643 pesos, de los cuales el Banco de Desarrollo y Comercio Exterior de la Federación Rusa aportará el 85%, a través de un préstamo de 1.938 millones de dólares a una tasa fija semestral del 6,5%. El 15% restante lo aportará el Estado Nacional, con una suma cercana a los 2.715 millones de pesos. Al hablar, destacó que la sanción de la norma provincial es un requisito obligatorio para que el banco desembolse el crédito solicitado y que la provincia dispone de 135 días para elevar dicha exigencia. Recordó que la construcción del embalse y la represa demandará 5 años, que la explotación será por 15 años y que luego el dueño del recurso será la provincia. 
A la vez, remarcó que el proceso de construcción demandará 2500 puestos de trabajo directo y otros 2500 de manera indirecta, situación que potenciará las economías regionales, sobre todo en la ciudad de Zapala, que se convertirá en el epicentro de la actividad.
Con respecto a la mano de obra local, señaló que el pliego de licitación incluye una cláusula que hace referencia a  la contratación de mano de obra local, la misma especifica que el 80% de los contratados debe ser de origen provincial, y de dicho porcentaje se debe priorizar a aquellos radicados en la zona centro.
Aseguró que junto a la UOCRA local se trabaja en la concreción de centros de capacitación para que los obreros locales accedan a los puestos de trabajo que generará el emprendimiento. También mencionó que la intención del Estado provincial es continuar con nuevos proyectos hidroeléctricos en la zona –como Chihuido II- para darle continuidad a la demanda laboral y no tener problemas de desempleo y sociales una vez que se concluya la obra.
Al ser consultado por el tema impositivo, recordó que la licitación le corresponde al gobierno nacional y que la ley impositiva provincial grava a tasa 0% la obra pública. De igual modo se refirió sobre los sellos. Indicó que el 50% no se abona por corresponderle al gobierno nacional y el 50% restante, estimado en 98 millones, es el que se pide eximir. Al respecto, señaló que es un requerimiento del banco internacional cuya política le impide "financiar impuestos” y recordó que la cifra resulta "ínfima” si se la compara con otros ingresos que obtendrá la provincia durante 20 años. 
Sobre este punto estimó que "van a quedar en Neuquén 4.149 millones pesos” durante dicho período;  84 millones por Ingresos Brutos en concepto de obras adicionales; 358 millones por regalías y 3172 millones ingresos en concepto de mano de obra asalariada –si se toma un promedio de remuneración neta de 8 mil pesos por trabajador durante 20 años-. 
Al hablar de otras inversiones previstas, observó que en obras complementarias se prevén inversiones del orden de los 534 millones; costos de reasentamiento por 1.141 millones; puesta en producción de 200 hectáreas por 477 millones; conservación del patrimonio cultural, 40 millones; turismo, 108,5 millones y radicación del área natural protegida compensatoria, 49,4 millones. La inversión totaliza 2.351.299 millones, lo que comprende el 13% del total de la inversión final.
En otro orden, informó que la conformación del fideicomiso que se menciona en la ley responde a una cláusula de seguridad jurídica para garantizar el repago de la obra. Adelantó que la misma se utiliza en todos los convenios marco que rubrica el gobierno nacional para que se efectivice la cesión del cobro de energía que luego permite pagar obras de esta magnitud.  
Al hacer referencia al tema expropiatorio, observó que la provincia se debe hace cargo de los costos expropiatorios de los campos y las viviendas a reubicar. En ese sentido, se refirió al articulado de la ley que dispone la reestructuración de partidas del presupuesto provincial para afrontar dicha erogación.
Estimó que en total ‘Chihuido’ demandará 23.050 hectáreas, de las cuales 18.600 corresponden al embalse; 3.100 al área del perilago y 210 a la relocalización de los pueblos de Quili Malal, la Comunidad Mapuche Cheuquel en Agrio del Medio y la ampliación del ejido urbano de Bajada del Agrio, que deberá albergar a los habitantes reasentados de Agrio del Medio y Chihuidos. Las tierras expropiadas también abarcan zonas donde se radicará la nueva traza de rutas y las líneas de tendido eléctrico para su interconexión. 
Aclaró que de las 23.050 hectáreas, 17.250 son fiscales y 5800 privadas, y que de estas últimas, 5.597 deben ser indemnizadas. Dijo que para estimar su costo, Tasación de la provincia realizó una estimación que tomó precios relativos a hectáreas en zonas productivas e improductivas y dos valores de referencia para vivienda. Recordó que se prevé la edificación de 104 viviendas, 2 escuelas y un hospital nuevo en la zona y la puesta en producción de 200 hectáreas de riego presurizado en la región lindante al embalse. Rescató que previo al proceso de reasentamiento cuenta con el consentimiento de los habitantes de las zonas afectadas. Detalló que tanto en Quili Malal como en la comunidad Cheuquel se realizaron reuniones informativas y asambleas públicas. 
Acompañaron a Elías Sapag, Ricardo Cazeneuve y Daniel Accattatis; vicepresidente y director de Emhidro SEP; el secretario de Medio Ambiente, Ricardo Esquivel y funcionarios de la Subsecretaría de Tierras; Dirección de Catastro, Tribunal de Tasación y Dirección de Rentas.
Estuvieron presentes Darío Mattio; Jesús Escobar; Sergio Rodríguez; Raúl Podestá; Graciela Muñiz Saavedra; José Rioseco; Alejandro Vidal; José Russo; Claudio Domínguez; Ana María Baeza; Manuel Fuertes; Eduardo Enríquez; Pablo Todero; Sergio Gallia y Fernando Esquivel.