Corrupción de menores: Arroyo citado a declarar

Viedma.- El ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, deberá declarar tras ser citado por el juez, Favio Igoldi, titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Viedma.
La convocatoria es para el 29 de este mes debido a que se encuentra involucrado en la causa en la que se investiga abusos a menores internados en el CAINA.
La responsabilidad de los funcionarios rionegrinos era encabezar los organismos que brindan ayuda a menores en situación de vulnerabilidad, sin embargo, se investiga la corrupción de menores luego de conocerse esta denuncia que estaba archivada por falta de pruebas.

María E. Soria propone ley para la  protección de testigos en casa de corrupción de menores

La diputada nacional, Dra. María Emilia Soria, presentó un proyecto para modificar la Ley 25.764 del Programa Nacional de Protección a Testigos. El mismo establece una protección especial a las personas vinculadas a causas judiciales en las que se investigan los delitos de trata de personas y del terrorismo de Estado.
En Río Negro, la sociedad se encuentra aún conmocionada con la trágica noticia sobre la existencia de una red de trata de personas con fines de explotación sexual, que involucra a un grupo de niñas de la ciudad de Viedma alojadas en una institución del Gobierno Provincial que tenía la obligación de procurar su guarda. Para Soria, "este hecho que fue denunciado ante un juzgado federal hace más de una año, y desde entonces ninguna medida de protección se tomó respecto de esas menores ni sobre el denunciante del delito, es un claro ejemplo de la importancia de contar con una legislación acorde que proteja los testigos. Incluso se expuso públicamente la declaración de una de las menores, violando normas legales y códigos de ética.
Todo eso podría haberse evitado no sólo con una justicia diligente que no actuara con complicidad, sino también con la protección y resguardo de los involucrados en una delito federal tan trágico.”
La base del proyecto de la diputada Soria es la protección de aquellas personas, que hallándose relacionadas a una causa judicial en trámite o que tienen algún conocimiento sobre hechos delictivos relacionados con la trata de personas y la corrupción de menores, tengan garantías esenciales y puedan colaborar con la investigación y su esclarecimiento. Además,  se dispone la incorporación de dos nuevos artículos al Código Penal de la Nación que reprimen con prisión de dos a ochos años, multa e inhabilitación a aquellos funcionarios públicos que revelaren indebidamente la identidad de una persona protegida.
La eficacia del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados dependerá en gran medida de la implementación en tiempo y forma de las medidas que garanticen la seguridad personal, la asistencia integral de la familia y de las personas vinculadas afectivamente con la persona en situación de peligro.