El proyecto de ley crea, a su vez, un sistema provincial de Casas Refugio para mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia; otorga una asignación equivalente al salario mínimo para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social, e implementa un protocolo único de atención en toda la provincia.
En sus fundamentos, la iniciativa detalla que a cuatro años de la sanción de la ley provincial no se ha reglamentado ni se han puesto en marcha los dispositivos que la norma enuncia.
Además, menciona que los programas enmarcados en la Ley 2785, como los centros de abordaje familiar y el Refugio Madre Teresa, "gozan de precaria salud”.
Agrega que a nivel nacional, a seis años de la sanción de la ley nacional 26.485 –de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres- se observa escasa existencia de casas refugio dependientes de estados nacionales y provinciales, no existe un registro único que "brinde información confiable y precisa” sobre los recursos provistos por el Estado para permita garantizar el acceso a la justicia, y existe una ausencia de articulación con las líneas de emergencia.
En cuanto al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano de aplicación de la ley, informa que recibió una partida presupuestaria que representa 0.80 centavos por mujer para combatir la violencia de género.
Finalmente, indica que la ONG Casa del Encuentro ha contabilizado 1531 femicidios desde la sanción de la ley nacional.
