El Foro por la Seguridad Democrática en Neuquén presentó un proyecto de ley para crear un Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El objetivo es fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas privadas de su libertad, velar por el mejoramiento de sus condiciones de detención y protegerlas de tratos o penas prohibidas por la legislación y las normas internacionales.
La iniciativa plantea la independencia funcional del sistema provincial, el trabajo articulado de todos sus integrantes, el fortalecimiento del monitoreo de los lugares de detención y la cooperación de las autoridades públicas competentes.
A la vez, contempla la creación de un Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, en la órbita de la Legislatura, que estará integrado por siete miembros, de los cuales cuatro serán propuestos por las organizaciones de la sociedad civil, dos por el Poder Legislativo provincial (uno por la mayoría y otro por la minoría), y el restante será postulado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
El mandato de los miembros del Comité es de 4 años con la posibilidad de ser reelectos por única vez, su función será remunerada y sólo podrá ser compatible con el ejercicio de la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación vinculadas al tema.
El Comité realizará visitas periódicas generales o de emergencia, sin aviso previo y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio de los lugares de detención; brindará asesoramiento y apoyo técnico; y elaborará propuestas y recomendaciones de políticas públicas para prevenir la tortura, entre otras funciones.
Además, elaborará un informe anual que será enviado a los tres poderes públicos provinciales antes del 31 de marzo de cada año.
Por otro lado, el proyecto crea un Consejo Consultivo que actuará como órgano interministerial e interinstitucional de consulta y asesoramiento del Comité.
Podrán participar de las sesiones del consejo cualquier persona o institución que acredite antecedentes de trabajo e investigación con personas privadas de la libertad y prevención de la tortura y los malos tratos.
La participación será ad-honorem y se convocará a sesión al menos dos veces al año, ocasión en la que se dará aviso al poder Judicial, el Minsiterio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Policía, Colegios de profesionales, y Universidad Nacional del Comahue.
En la fundamentación, se señala que el Congreso Nacional aprobó en 2004 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y en 2012 sancionó la ley nacional Nº 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
También menciona que hay varias provincias que avanzaron en la confección de sus propios mecanismos locales como Chaco, Río Negro, Mendoza, Tierra del Fuego, Salta, Tucumán, Corrientes y Misiones.
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