El hombre que conducía esta mañana la camioneta Ecosport que chocó en la intersección de Gobernador Rawson y Avenida del Trabajador, se fugó del hospital donde había sido trasladado por las heridas recibidas y fue identificado como Rafael Armando Aguiar, un referente de una ONG barrial que tenía una condena de 4 años a prisión por haber amenazada con un arma de fuego a militantes políticos del FPV.
Según explicó el comisario Cristian Avila, no se encontró documentación del vehículo en la EcoSport, aunque hallaron en el interior del rodado 10 cheques de $2.000 cada uno emitidos por la "Dirección General de Gestión de Planes Sociales” y tenían fecha de emisión septiembre de este año.
El comisario agregó que junto a Aguiar iba Pablo Suazo de 16 años (líder de la banda de "Los Bin Laden”).
Avila explicó que "ambos fueron asistidos en el Hospital Bouquet Roldán, y en el momento en que se enteran que la policía se dirige al lugar a realizarle el test de alcoholemia, Aguiar y Suazo, huyen de la guardia sacándose previamente los sueros que les habían colocado".
Este año, el tribunal integrado por Carina Álvarez, Mara Suste y Cristian Piana había condenado a Aguiar a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo al ser declarado responsable del delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego, amenazas calificadas y portación ilegal de arma de guerra.
Los jueces consideraron que se había podido acreditar que el 11 de marzo del 2015, cerca de las 13, en la intersección de calles Pérez Novella y Godoy, Rafael Armando Aguiar amedrentó desde una camioneta a Gustavo Javier Anabalón, que realizaba pegatinas de carteles en la vía pública con la leyenda "Rioseco gobernador”. Le exigió que los retire mostrándole una pistola y se retiró del lugar.
Antes de esta condena, Aguiar había recuperó la libertad en 2010 tras pasar tres años en la U11 por robo con armas y robo simple.
Aguiar preside (actualmente) la ONG "Luchemos por el Oeste". Esa organización recibe subsidios del Estado para repartir entre beneficiarios de los planes sociales. Esto es así porque la bancarización iniciada por el Estado ha alcanzado hasta ahora unos 1.800 beneficiarios en el departamento Confluencia, en donde hay unos 5.000 que reciben planes sociales.
