Ante la ausencia de respuesta a los proyectos de comunicación que solicitan información al Ejecutivo, el concejal Sebastián Gamarra (Frente Renovador) impulsó una ordenanza para multar este tipo de falta.
En la actualidad, la Ordenanza 11.840 establece que los funcionarios tienen la obligación de brindar la información que le requiera el Concejo Deliberante y fija multas para el incumplimiento que en la práctica no se aplican.
"Por esta situación elaboramos un proyecto para completar esta normativa y finalmente acceder a la información necesaria para poder ejercer nuestros mandatos de manera eficiente. Nos están quitando un derecho que hoy es fundamental para defender y mejorar la calidad de los servicios de los neuquinos”, explicó Gamarra.
La iniciativa estipula que todo funcionario o agente responsable que obstruya en forma arbitraria el acceso a la información requerida, o la suministre en forma incompleta, se le impondrá una multa de 500 módulos por cada comunicación no respondida en tiempo y forma.
La misma deberá ser abonada del patrimonio personal del empleado sancionado y el monto percibido en ingresos contravencionales se transferirá a un Fondo Específico que será acordado por todos los concejales.
La propuesta nace fundamentada en reiteradas denuncias del Cuerpo Legislativo sobre la falta o insuficiencia en la respuesta a los pedidos de informe.