La Cámara Segunda del Crimen de Bariloche confirmó el procesamiento de un puñado de empleados municipales, afiliados al gremio Soyem, a los que un juez de primera instancia había considerado coautores penalmente responsables de un bochornoso hecho. Perpetrado, dicen, para "atentar y perturbar” una de las sesiones del Concejo Deliberante e impedir que se aprobara una ordenanza.
Fuentes judiciales explicaron que la resolución sobrevino tras la apelación que había presentado la defensa de Luis Alberto Antunao, Sandra Noemí Villanueva, Víctor Hugo Oyarzo y Adrián Alberto Arroyo, quienes según la Justicia echaron mano a la intimidación y a la fuerza en busca de un objetivo que no lograron (y eso los ofuscó más aun).
El hecho ocurrió el 11 de diciembre de 2015, cuando el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche realizaba una sesión extraordinaria para tratar la ordenanza de emergencia económica.
El fallo destaca que los imputados (…) gritaban, silbaban, proferían insultos, agravios verbales y amenazas en contra de los concejales, para que no aprobaran la ordenanza, circunstancia que llevó en más de una oportunidad a interrumpir la sesión.
Dice, además, que luego de la aprobación de la ordenanza, empleados municipales y afiliados al gremio del Soyem, impidieron la salida de los concejales del recinto, y rompieron vasos de vidrio, platos y otros objetos que se encontraban sobre la mesa de sesión, arrojándolos en contra de los concejales.
Sostiene que durante unos diez minutos los concejales fueron agredidos físicamente con patadas, empujones, tirones de pelos, escupitajos y amenazas de muerte, hasta que lograron refugiarse en una oficina del Concejo y resguardarse de las agresiones. Algunos ediles terminaron heridos; y algunos de los revoltosos, procesados.
