El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén anuló una resolución del Tribunal de Impugnación que había habilitado al municipio de Neuquén ser querellante autónomo en una causa por la ocupación del edificio por parte de empleadas cesanteadas. De esta manera, al no existir una acusación de la Fiscalía, el TSJ consideró que el asesor letrado, Javier Pino, no cuenta con habilitación para impulsar la acusación en solitario.
Hoy se dio a conocer el Acuerdo 7/2018 firmado por María Soledad Gennari, Oscar Massei y Alfredo Elosu Larumbe en el expediente que tiene como imputada a Silvia Lorena Fonseca, una de las empleadas a quienes el municipio no renovó su contrato laboral.
La causa estuvo signada por una fuerte puja entre el intendente Horacio Quiroga y el fiscal Jefe Pablo Vignaroli, cuando la fiscal actuante, Paula González, se abstuvo de formular cargos y pidió el archivo de las actuaciones. Ante ello, el abogado Pino se sostuvo como querellante autónomo, situación que se mantuvo hasta que la jueza de Garantías, Mara Suste, resolvió su revocación. También rechazó el pase a archivo de la causa como lo había solicitado la fiscal.
El expediente llegó al Tribunal de Impugnación integrado por Andrés Repetto, Susana Deiub y Federico Sommer, que admitió al municipio como querellante autónomo.
La abogada de Fonseca, Gisella Moreira, hizo una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para que se revea ese fallo. El TSJ, con el antecedente de un fallo de 2016 conocido como caso Barreiro, hizo lugar a la presentación de Moreira y revocó la aceptación del representante de la Municipalidad como acusador particular.
El fallo Barreiro destacó, a grandes rasgos, que "no se cuestiona la legitimidad del querellante, sino el alcance de sus facultades".
La causa se originó a partir de octubre del año pasado cuando el intendente Quiroga no renovó los contratos de 33 empleadas que ocuparon el municipio y amenazaron -sólo algunas- con prenderse fuego. Se las acusó de usurpación y de haber provocado daños en el edificio comunal.
