Trabajaba en Buenos Aires y estaba de licencia en Neuquén

Una ex empleada judicial que se desempeñó como abogada en la provincia de Buenos Aires mientras estaba con licencia psiquiátrica aquí, en Neuquén, tendrá que devolver los haberes que siguió percibiendo de una manera a la que juzgaron “indebida”.

Así lo dispuso la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), integrada por los jueces Oscar Massei y María Soledad Gennari, al resolver las demandas cruzadas, ya que ambas partes se habían denunciado.

Prevaleció la postura de la Provincia que expuso que Susan Liz (cuyo apellido se preserva) se encontraba de licencia psiquiátrica desde el 9/09/10, y ejercía la profesión de abogada en el Departamento Judicial Zárate Campana, donde se matriculó el 1/03/11, y publicitaba sus servicios a partir de junio de 2011.

El representante legal de la Provincia consideró grave, alarmante y censurable, que un agente judicial haya usufructuado licencia médica prolongada para ejercer “de manera clandestina la inconciliable profesión de abogado, prohibida por el Reglamento de Justicia”.

Frente a ello, reprochó “la falta de conciencia ética” con la función pública, de compromiso y fidelidad para con el servicio de justicia.

La mujer, en tanto, había pedido la nulidad de las sanciones (cesantía) que pesaban sobre ella, y dijo haber sido víctima de una supuesta persecución laboral. Según fuentes judiciales, narró que a partir de 2007 -en que se recibió de abogada- comenzó a ser víctima de mobbing, por parte de sus superiores, quienes -dijo- buscaban desestabilizarla emocionalmente, por ver en ella una competencia ante sus aspiraciones en la carrera judicial.

La Provincia sostuvo que esta señora, en su calidad de agente pública dependiente del Poder Judicial, “percibió indebidamente haberes que no debieron ser abonados”. Los pagos se habrían realizado desde marzo a julio de 2011.

Una vez analizados todos los elementos de prueba, el TSJ resolvió: rechazar la demanda presentada por Susan Liz contra la Provincia; hacer lugar a la demanda de la Provincia contra ella y “condenarla a la devolución de la suma de 54.848,18 pesos” e intereses que se calcularán desde el 3/7/13 hasta que se haga efectivo el pago.